El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca impulsar las transacciones electrónicas y reducir el uso de dinero en efectivo en México. La legislación fue avalada el 20 de octubre de 2026 y establece que las autoridades y los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar infraestructura para facilitar los pagos digitales. Sin embargo, esto no significa que el efectivo dejará de aceptarse de manera generalizada en todos los establecimientos del país.
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá determinar los sectores estratégicos y las actividades en las que los pagos digitales serán obligatorios. La aplicación de esta medida será gradual, por lo que los cambios dependerán de las disposiciones que se establezcan para cada sector. En consecuencia, todavía no existe una prohibición general que impida pagar con billetes y monedas en todas las tiendas y comercios.
Entre los medios de pago contemplados se encuentran las tarjetas de débito y crédito, las transferencias bancarias, los códigos QR, la tecnología NFC y las domiciliaciones. La reforma también busca facilitar las operaciones comerciales y los trámites gubernamentales mediante herramientas tecnológicas, además de incorporar mecanismos como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para determinados procesos relacionados con los servicios financieros.
La aprobación generó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre posibles afectaciones a los pequeños comercios y a las personas que no cuentan con cuentas bancarias, dispositivos electrónicos o acceso estable a internet. También señalaron que las comisiones por utilizar terminales y servicios de pago podrían incrementar los costos para los establecimientos y trasladarse a los consumidores. En contraste, sus promotores sostienen que la digitalización puede facilitar las transacciones y ampliar la inclusión financiera.
Tras su aprobación en el Congreso, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes. Su entrada en vigor y aplicación dependerán de los procedimientos legales y las disposiciones posteriores. Por ahora, los consumidores pueden seguir utilizando efectivo en las operaciones donde esté permitido, mientras se definen los sectores en los que será obligatorio aceptar pagos electrónicos. El alcance definitivo de la reforma dependerá de cómo se implemente y de las medidas que se establezcan para atender las dificultades tecnológicas y financieras de la población.
