Las organizaciones del crimen organizado en México han diversificado su armamento con el uso de drones explosivos, minas artesanales, vehículos blindados y dispositivos de fabricación clandestina, herramientas que amplían sus capacidades de vigilancia y ataque. La evolución de estos arsenales representa un desafío para las fuerzas de seguridad, particularmente en regiones donde los grupos criminales disputan el control territorial.
Durante años, los arsenales decomisados a los cárteles estuvieron asociados principalmente con fusiles de asalto como los AK-47 y AR-15, además de rifles de alto calibre. Sin embargo, los aseguramientos recientes muestran una diversificación que incluye explosivos improvisados y tecnología adaptada para operaciones criminales. Según datos citados por El Financiero, entre 2020 y 2025 la Secretaría de la Defensa Nacional decomisó más de 15 mil artefactos explosivos improvisados, cerca de 10 mil de ellos durante 2025.
Uno de los cambios más notorios es el empleo de drones modificados para transportar explosivos, utilizados por organizaciones criminales en enfrentamientos y ataques. También se han identificado dispositivos capaces de operar mediante conexiones de fibra óptica, una tecnología que dificulta su neutralización por algunos sistemas de interferencia electrónica. Expertos han advertido sobre la posibilidad de que integrantes de grupos mexicanos adquieran conocimientos relacionados con estas técnicas en zonas de conflicto internacional.
Otra amenaza son las minas y los explosivos artesanales, cuyo uso ha sido documentado en entidades como Sinaloa y Michoacán. En agosto de 2026, autoridades aseguraron más de 300 artefactos explosivos improvisados en el municipio sinaloense de El Rosario, donde meses antes se había realizado otro decomiso de cientos de dispositivos. A este arsenal se suman los llamados narcotanques, vehículos modificados con placas de acero y estructuras de protección para participar en enfrentamientos.
La incorporación de estas herramientas plantea nuevos retos para las autoridades mexicanas, que deben fortalecer las labores de inteligencia, detección de explosivos y combate al tráfico ilegal de armas. Los decomisos permiten dimensionar parte de las capacidades de las organizaciones criminales, aunque no representan un inventario completo de sus recursos. La expansión de estas tecnologías mantiene bajo presión a las corporaciones de seguridad y aumenta los riesgos para la población en las zonas afectadas por la violencia.
