La diputada Elizabeth Guzmán Argueta pidió al Gobierno de Chihuahua explicar por qué la entidad no aparece entre las que suscribieron el Manifiesto Nacional “Niñas Sí, Madres No”, estrategia impulsada por la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para combatir la violencia sexual infantil y prevenir los embarazos en menores de edad.
A través de un documento presentado ante el Congreso del Estado, la legisladora formuló 11 preguntas al secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, entre ellas si existió alguna razón jurídica, administrativa o política para que Chihuahua no suscribiera el manifiesto y si el estado asumirá la aplicación de la Ruta NAME en los 67 municipios. También solicitó conocer cuántos embarazos de niñas menores de 15 años se registraron en 2025 y durante 2026, así como cuántos casos fueron canalizados mediante una ruta de protección integral.
Guzmán Argueta expuso que durante 2025 se registraron en Chihuahua 226 nacimientos cuyas madres tenían entre 10 y 14 años, cifra que colocó al estado en el quinto lugar nacional por su tasa de nacimientos en ese grupo de edad. A esta cifra se suman 2 mil 924 nacimientos correspondientes a adolescentes de entre 15 y 17 años, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La diputada también cuestionó si durante la visita realizada en agosto de 2026 por la titular nacional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Lorena Villavicencio, se abordó la estrategia “Niñas Sí, Madres No”. Además, pidió precisar qué acciones e instrucciones se han establecido para las instituciones de protección de niñas, niños y adolescentes, Salud, Educación, Fiscalía General del Estado y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para atender los casos de menores de 15 años embarazadas.
La legisladora solicitó igualmente que el Gobierno estatal confirme si comparte el contenido del manifiesto y garantice que los casos de embarazo infantil sean investigados para determinar si existió violencia sexual, en lugar de ser tratados únicamente como situaciones de maternidad. Las preguntas fueron presentadas el 1 de octubre de 2026 y Guzmán Argueta pidió que las autoridades fundamenten sus respuestas y anexen las pruebas correspondientes.
