El Gobierno federal cedió 36 hectáreas de superficie marítima en el Mar de Cortés, en Bahía Catalina, al sur de Guaymas, Sonora, para la construcción de una terminal privada de gas natural licuado de la empresa Amigo LNG, filial de la texana Epcilon LNG. El proyecto contempla una inversión estimada de 6 mil 800 millones de dólares y busca enviar gas proveniente de Texas hacia mercados de Asia.

El contrato fue firmado en abril de 2025 por la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas y Amigo LNG mediante una adjudicación directa, sin licitación pública. El acuerdo contempla una vigencia de 18 años, con posibilidad de prorrogarse por otro periodo similar, además de pagos equivalentes al 12 por ciento anual del valor del área y 10 pesos por cada tonelada de gas procesada o movilizada.

La terminal tendría capacidad para incrementar sus operaciones hasta 3.7 millones de toneladas de gas al año, lo que implicaría el movimiento de entre 50 y 60 barcos metaneros de gran tamaño. El Gobierno federal ha respaldado el proyecto; en abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gas proveniente de Texas sería licuado en México para posteriormente exportarlo mediante empresas privadas.

El proyecto, sin embargo, enfrenta cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, que han advertido sobre sus posibles efectos en los ecosistemas del Golfo de California. Un juez federal concedió recientemente una suspensión definitiva relacionada con la autorización de impacto ambiental, por lo que ésta permanece temporalmente sin efectos para habilitar las obras y actividades mientras continúa el proceso judicial.

La controversia se mantiene debido a que parte de la información técnica del proyecto permanece reservada bajo argumentos de seguridad nacional y energética. Organizaciones como Nuestro Futuro y Defensa Ambiental del Noroeste han cuestionado el procedimiento, mientras que las autoridades sostienen que el contrato de cesión y los permisos ambientales forman parte de procesos administrativos distintos.