El proceso electoral 2026-2027 comenzó en México mientras la justicia mantiene pendientes al menos 25 expedientes relacionados con delitos electorales, entre ellos casos de compra de votos, violencia, destrucción de boletas y presión sobre funcionarios de casilla. Los asuntos corresponden a hechos ocurridos durante la última década y han llegado a instancias del Poder Judicial de la Federación.
Uno de los casos más graves ocurrió en Santa Rita Tlahuapan, Puebla, después de las elecciones de 2021. Durante la madrugada, un grupo de aproximadamente 100 personas habría interceptado a policías que trasladaban urnas y boletas, obligándolos bajo amenazas a incendiar material electoral. Horas después, fueron quemadas 32 cajas con cerca de 11 mil boletas destinadas a definir la elección local. Dos personas señaladas como participantes continúan enfrentando procesos judiciales.
Los expedientes revisados incluyen hechos registrados desde 2018 hasta 2026 y abarcan diferentes modalidades de delitos contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Entre ellos aparecen la compra y coacción del voto, acarreo de electores, destrucción de material electoral, agresiones contra funcionarios de casilla y utilización de recursos públicos con fines proselitistas. Algunos casos terminaron en condenas o absoluciones, mientras otros continúan detenidos por amparos, conflictos de competencia o falta de pruebas suficientes.
Durante las elecciones de 2021 también se documentaron otros episodios. En Monterrey, una persona habría ofrecido 500 pesos a cambio del voto y solicitado una fotografía de la boleta como comprobante. En Ciudad Juárez, una mujer fue sorprendida con varias boletas correspondientes a distintos cargos, aunque el Ministerio Público no logró demostrar que fueran ilegítimas. En Puebla, además, otros expedientes estuvieron relacionados con la destrucción e incendio de material electoral.
El recuento muestra que, mientras inicia un nuevo proceso electoral federal y local, varios asuntos relacionados con irregularidades de elecciones anteriores todavía permanecen en los tribunales. La investigación periodística señala que algunos delitos han terminado en sanciones, pero otros se han prolongado durante años sin una resolución definitiva debido a procesos de amparo, problemas probatorios o cuestiones procesales.
