El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una nueva controversia rumbo a las elecciones de 2027, luego de que su Consejo General aprobara flexibilizar el tratamiento de las llamadas “boletas planchadas”, es decir, aquellas que aparecen sin marcas de doblez pese a haber sido encontradas dentro de los paquetes electorales. La oposición cuestionó la decisión y advirtió que podría generar riesgos para la certeza de los comicios.
La discusión se centró en si la ausencia de dobleces debe llevar automáticamente a considerar inválida una boleta. La mayoría del Consejo General sostuvo que la legislación no establece que una boleta deba necesariamente estar doblada y que no corresponde crear una nueva causal de nulidad. En cambio, quienes rechazaron la modificación señalaron que una boleta sin dobleces puede ser un indicio de que nunca pasó por la urna.
Durante la sesión, consejeros y representantes partidistas recordaron que en procesos electorales recientes ya se habían detectado boletas sin dobleces, particularmente durante la elección judicial de 2025. El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que estas prácticas deben ser combatidas para proteger la autenticidad del voto, mientras otros integrantes del órgano electoral consideraron que existen mecanismos legales para revisar individualmente cada caso.
El PAN anunció que, si finalmente se limita la revisión de este tipo de boletas, recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que están en juego los principios de certeza y legalidad. Desde la oposición también se cuestionó que el INE pueda dejar sin un procedimiento uniforme a los consejos distritales ante la aparición de boletas que no presentan las características esperadas después de haber pasado por una urna.
La postura del INE ha provocado así un fuerte debate antes del inicio del proceso electoral de 2027. Mientras la mayoría defiende que la revisión debe realizarse caso por caso y mediante los órganos colegiados distritales, sus críticos consideran que flexibilizar los controles puede abrir espacios para irregularidades. El tema podría terminar nuevamente en manos de los tribunales si los partidos deciden impugnar las nuevas reglas.
