Expertos en derecho corporativo para sectores estratégicos dela firma Santamarina+Steta señalaron los nuevos costos que ahora empiezan a enfrentar las empresas por incumplimientos a ordenamientos ecológicos, de impacto social o de gobernanza (ESG).
Juan Carlos Machorro, socio experto de la división transaccional de la firma, explicó que la tendencia ESG ha evolucionado y ahora se consolida hacia una nueva etapa de criterios en la que ya se pueden identificar estos costos en las políticas públicas del país y de diversas partes del mundo, en las que los grandes corporativos se guían para efectuar grandes operaciones de carácter regional y global. “El tema ESG surgió en Europa, luego fue impulsado por la administración Biden y ahora está siendo vapuleado por la administración Trump 2.0. Sin embargo permanece vigente, ya se incorporó en los marcos regulatorios de varios países y sin duda va a seguir adelante, bajo la configuración de la nueva economía corporativa de capitalismo responsable con el planeta“, dijo.
Por su parte, Emilio Gaytán, indicó que diversas empresas ya están materializando y contabilizando externalidades y costos ocultos a través de multas inesperadas, contingencias, gastos en mitigación o pérdida de financiamiento o bien de oportunidades, lo que las lleva a buscar asesoría legal para cumplir a cabalidad con los criterios ESG. “No solo es queremos ser verdes o socialmente responsables. Ahora la pregunta es ¿Qué tenemos que hacer para cumplir y ser más competitivos? Por ejemplo, hay sectores clave, como el de las aerolíneas, que tienen serios retos para llegar a los estándares de combustible sostenible que ahora están resintiendo de manera importante la contingencia del cierre del Estrecho de Ormuz. Aquellas que compensaron sus políticas a tiempo, ahora gozan de importantes ventajas competitivas”, informó.
A su vez, Elena Ocampo, asociada de la firma, señaló que los criterios ESG ya dejaron de ser una buena disposición filantrópica de las empresas, para convertirse concretamente en acciones obligatorias, condiciones para otorgamiento de financiamientos, o criterios para incentivos de inversión o gubernamentales. “La política social y ambiental ya está definiendo y estableciendo estándares que permean a todos los mercados, por lo que su incumplimiento o descuido ya impactan las finanzas de las empresas. no solo para fines de mitigación, sino también para prevención de riesgos. Empezamos a ver mucha preocupación en las empresas para evitar eventuales cancelaciones de proyectos, lo cual puede ser catastrófico para sus finanzas.”, subrayó.
