derechos adquiridCon una pregunta que coloca en el centro del debate la protección de los derechos adquiridos, organizaciones de jubilados llevan a Chihuahua la consulta nacional “México por la Justicia y los Derechos”, un ejercicio ciudadano que busca conocer la postura de la población frente a la reforma al artículo 127 de la Constitución y sus efectos sobre determinadas pensiones y jubilaciones.

La consulta es impulsada por la Alianza Nacional de Jubilados y se desarrolla de manera simultánea en distintas entidades del país, tanto mediante módulos presenciales como a través de una plataforma digital. En Chihuahua, integrantes de la organización han instalado puntos de participación y difusión, entre ellos El Palomar, donde del 21 al 28 de agosto se contempla la recepción de opiniones ciudadanas.

La pregunta que reciben los participantes es directa: “¿Te parece justo que por un cambio en la ley te quiten parte de lo que ganaste durante toda una vida de trabajo?”. A partir de una respuesta de sí o no, los organizadores buscan reunir una expresión ciudadana que posteriormente será presentada ante legisladores y autoridades como parte de su estrategia para exigir la revisión de las disposiciones que, desde su perspectiva, vulneran derechos previamente adquiridos.

El fondo de la inconformidad se encuentra en la reforma constitucional al artículo 127 publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de abril. El nuevo texto establece que determinadas jubilaciones y pensiones del personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, entre otras entidades, no podrán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, el punto que mayor controversia ha provocado entre los jubilados se encuentra en el régimen transitorio. El Segundo Transitorio dispone que las jubilaciones y pensiones comprendidas por la reforma que fueron otorgadas antes de su entrada en vigor también deberán ajustarse al nuevo límite, incluso cuando se encuentren vigentes. La propia disposición ordena a los entes públicos revisar y, en su caso, adecuar contratos, condiciones generales de trabajo y otros instrumentos relacionados con planes de jubilación y pensiones.

Es precisamente esta aplicación a pensiones previamente otorgadas la que los organizadores de la consulta califican como un problema de retroactividad y de afectación a los llamados derechos adquiridos. En su argumentación sostienen que una persona que trabajó durante décadas bajo determinadas reglas y obtuvo una jubilación reconocida legalmente debe contar con la certeza de que esas condiciones serán respetadas.

El movimiento ha cobrado presencia particularmente entre jubilados de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y organismos del sector financiero, quienes sostienen que el asunto no debe ser visto únicamente como una disputa por el monto de determinadas pensiones, sino como una discusión sobre la certeza jurídica y los límites que debe tener el Estado para modificar derechos previamente reconocidos. En Chihuahua, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados ya habían expresado públicamente su rechazo a cualquier reducción que consideren contraria al principio de no retroactividad.

No obstante, el alcance de la reforma requiere una precisión. El nuevo límite constitucional no se aplica indiscriminadamente a todas las pensiones ni a todos los trabajadores. El propio artículo 127 establece excepciones para las Fuerzas Armadas, determinados sistemas de ahorro individual, pensiones constituidas mediante aportaciones sindicales a sistemas complementarios y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4 constitucional.

De esta manera, la consulta “México por la Justicia y los Derechos” coloca nuevamente en la discusión pública un tema que va más allá de las cifras de una pensión: hasta dónde puede una reforma modificar las condiciones de un derecho que ya fue reconocido y, al mismo tiempo, cómo debe equilibrarse la protección de esos derechos con las políticas públicas encaminadas a limitar las llamadas pensiones de privilegio.

En Chihuahua, los promotores buscan que la ciudadanía conozca primero el contenido de la reforma y después emita su opinión. El resultado del ejercicio, de acuerdo con sus organizadores, será concentrado a nivel nacional y utilizado como respaldo para llevar su planteamiento ante el Poder Legislativo.

La discusión, por lo pronto, ya está en las calles: de un lado, quienes consideran necesario poner límites a pensiones públicas que califican como excesivas; del otro, jubilados que sostienen que las reglas bajo las cuales obtuvieron su retiro no pueden modificarse en perjuicio de quienes ya cumplieron durante décadas con sus obligaciones laborales. El punto de encuentro será, precisamente, la pregunta que la consulta está llevando a plazas y espacios públicos del país: si una ley puede cambiar, ¿hasta dónde puede alcanzar ese cambio cuando existen derechos que ya fueron adquiridos?