El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llevó hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos su conflicto con el Instituto Nacional Electoral (INE), al presentar una denuncia contra tres consejeros electorales a quienes acusa de vulnerar su libertad de expresión.

La denuncia señala a Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, luego de que autoridades electorales ordenaran retirar publicaciones en las que Moreno utilizó el término “narcopartido” para referirse a Morena. El dirigente priista sostiene que la medida constituye un acto de censura.

Moreno afirmó que acudió ante autoridades estadounidenses porque considera que las decisiones tomadas en su contra representan una afectación a sus derechos y advirtió que continuará llevando el caso ante instancias internacionales. El senador también ha señalado que no permitirá, según sus propias declaraciones, que se limite su actividad política o su libertad de expresión.

Entre las medidas que el dirigente priista busca que sean revisadas se encuentra la posibilidad de aplicar sanciones bajo mecanismos de la legislación estadounidense, incluida la llamada Ley Magnitsky, además de otras acciones relacionadas con los consejeros señalados. La petición corresponde a la estrategia política y jurídica emprendida por Moreno frente a las resoluciones electorales.

El episodio abre un nuevo frente en la disputa entre Alejandro Moreno y las autoridades electorales mexicanas, al trasladar un conflicto originado en el ámbito electoral nacional a una instancia del gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora, el caso se mantiene como una denuncia presentada por el dirigente priista y no implica por sí mismo que el gobierno estadounidense haya determinado sanciones contra los consejeros señalados.