El Gobierno de México anunció este 9 de julio un cambio en su estrategia para exigir justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La administración federal informó que, además de las gestiones diplomáticas, impulsará acciones legales en territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el objetivo es que las investigaciones avancen tanto en el ámbito penal como en el civil, con el propósito de determinar posibles responsabilidades de funcionarios y empresas encargadas de la operación de centros de detención.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República para integrar expedientes que puedan ser presentados ante las autoridades competentes en Estados Unidos.

El gobierno mexicano también contempla recurrir a organismos internacionales de derechos humanos para reforzar la protección de los connacionales que permanecen detenidos en centros migratorios estadounidenses.

La decisión surge después de varios casos en los que familiares denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica y en las condiciones de internamiento de personas migrantes fallecidas durante su detención.

Autoridades federales señalaron que continuarán brindando asistencia consular a los familiares afectados y mantendrán el seguimiento jurídico de cada expediente hasta su conclusión.

Diversos especialistas consideran que esta medida representa un endurecimiento de la postura mexicana frente a la política migratoria estadounidense y podría abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral.

Mientras tanto, la administración federal reiteró que la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero continuará siendo una prioridad dentro de su política exterior.