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La demolición del antiguo Alsuper de la avenida Universidad avanza a toda velocidad. Las máquinas trabajan desde hace semanas en lo que parece ser una transformación de gran escala que también involucra la mueblería ubicada a un costado del inmueble. Sin embargo, más allá del desarrollo comercial que se prepara en una de las zonas más transitadas de la ciudad, hay una pregunta que comienza a generar inquietud entre vecinos y automovilistas: ¿qué ocurrirá con la calle Bustamante?
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El problema es que, hasta ahora, ni el Gobierno Municipal parece tener una respuesta clara.
Fue el propio alcalde, Marco Bonilla, quien reconoció recientemente que solicitó una revisión de contratos, permisos y autorizaciones relacionadas con el proyecto. La declaración, lejos de generar tranquilidad, abre una interrogante preocupante: si la obra está en marcha, si existe demolición, si hay cierres viales y si los rumores sobre la integración de ambos predios son cada vez más insistentes, ¿cómo es posible que la autoridad apenas esté revisando si todo se encuentra en regla?
La situación resulta particularmente delicada porque no se trata de un estacionamiento privado ni de una servidumbre interna. Se trata de una calle pública, una vialidad que durante años formó parte de la conectividad de la zona y que pertenece a todos los ciudadanos.
Cerrar de manera definitiva un tramo de calle para incorporarlo a un desarrollo privado no es una decisión menor. Implica procesos legales, desafectaciones del patrimonio municipal, autorizaciones del Ayuntamiento y una justificación clara sobre el beneficio público que recibiría la ciudad a cambio de perder un espacio de uso común.
Por ello, la pregunta de fondo no es únicamente qué van a construir, sino bajo qué condiciones pretenden hacerlo.
Porque si al final del día se confirma que una calle pública desaparece para convertirse en parte de un complejo comercial privado, los chihuahuenses tienen derecho a conocer quién autorizó la operación, cuáles fueron los argumentos técnicos, qué compensaciones recibirá la ciudad y, sobre todo, si se respetaron todos los procedimientos legales.
Y si todavía no existe esa autorización, entonces el asunto es todavía más grave. Significaría que la autoridad municipal está reaccionando después de que comenzaron las obras, en lugar de haber verificado previamente que cada permiso estuviera debidamente sustentado.
La inversión privada siempre será bienvenida. Chihuahua necesita crecimiento económico, generación de empleos y nuevos espacios comerciales. Pero una cosa es promover la inversión y otra muy distinta permitir que el interés particular se imponga sobre espacios que pertenecen al dominio público.
La calle Bustamante no es propiedad de una empresa ni de un desarrollador. Es patrimonio de la ciudad. Y antes de que desaparezca detrás de los muros de una nueva plaza comercial, el Municipio tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia qué está ocurriendo y bajo qué facultades se pretende actuar.
Porque cuando una calle pública puede convertirse en extensión de un negocio privado sin que exista certeza sobre los permisos, lo que está en juego no es únicamente una vialidad. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones encargadas de proteger el patrimonio de todos.
