La regidora María Elena Rojo Almaraz presentó ante el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua una propuesta de exhorto dirigida al Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección, atención e investigación de posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre y trata de personas que pudieran afectar a integrantes del pueblo rarámuri y otras comunidades indígenas.
Durante la exposición de motivos, la regidora señaló que la protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales es una responsabilidad ineludible de todas las autoridades, especialmente frente a situaciones que vulneran la libertad y el desarrollo integral de las personas.
La propuesta surge ante la preocupación generada por diversas investigaciones periodísticas que han documentado presuntas redes de captación y explotación de personas en condiciones de vulnerabilidad mediante engaños y falsas ofertas de empleo, fenómenos que suelen desarrollarse en contextos de pobreza, marginación y falta de oportunidades.
“El pueblo rarámuri forma parte esencial de la riqueza cultural y social de Chihuahua. Por ello, es indispensable fortalecer las acciones institucionales que garanticen su seguridad, bienestar y acceso a oportunidades de desarrollo, así como prevenir cualquier situación que ponga en riesgo sus derechos humanos”, destacó la regidora.
El exhorto plantea solicitar al Gobierno del Estado el fortalecimiento de mecanismos de prevención y atención; a la Fiscalía General del Estado la investigación de denuncias o indicios relacionados con posibles casos de explotación laboral o trata de personas; y a las dependencias competentes la implementación de campañas de información, prevención y protección dirigidas a comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, se propone que las autoridades informen sobre las acciones realizadas para prevenir, atender e investigar posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas que afecten a integrantes del pueblo rarámuri en la entidad.
Con esta iniciativa, la regidora Elena Rojo refrenda su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección de las comunidades indígenas y la construcción de condiciones que permitan una vida digna y libre de cualquier forma de explotación.
