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La coordinadora de la Fracción Edilicia del PAN cuestionó que algunos sectores empresariales prefieran mantenerse al margen cuando está en juego la seguridad y estabilidad del estado.
Chihuahua, Chih.- La regidora Isela Martínez Díaz lamentó la postura asumida por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Chihuahua, luego de que el organismo empresarial descartara participar en la manifestación convocada en respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Señaló que resulta preocupante la indiferencia mostrada por un sector que históricamente ha exigido condiciones de seguridad, certeza jurídica y estabilidad para el desarrollo económico de Chihuahua.
“Son los empresarios los primeros en exigir seguridad y en manifestarse para que puedan desarrollar sus actividades económicas, para que las inversiones sigan llegando al estado y para que el desarrollo de Chihuahua no se detenga”, expresó.
Sin embargo, cuestionó que cuando una gobernadora enfrenta al crimen organizado y, como consecuencia de ello, es objeto de ataques y presiones desde la Federación, algunos actores prefieran mantenerse al margen bajo el argumento de que se trata de un asunto político y deben mantenerse imparciales, ya que no apoyan a las personas, sino a los principios.
“Llama la atención que cuando el gobierno actúa contra el crimen y defiende la seguridad de las familias chihuahuenses, entonces se quiera reducir el tema a una disputa política. Me pregunto cuándo la seguridad se convirtió en un tema político: si cuando un gobierno la garantiza y es atacado por actuar contra el crimen, o cuando se utiliza como bandera para mantener el poder y manipular la realidad”, declaró.
Isela Martínez afirmó que el contexto actual exige claridad y firmeza por parte de todos los sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se han beneficiado de las condiciones de estabilidad y crecimiento que Chihuahua ha construido durante los últimos años.
Reiteró su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y aseguró que los ataques impulsados desde el gobierno de la 4T no solo buscan debilitar a una persona, sino generar incertidumbre y desestabilización política en la entidad.
Llamó a no normalizar el uso de las instituciones y de los procesos judiciales como instrumentos de presión política, pues advirtió que esto representa un riesgo para el Estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
