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En el marco del inicio del debate legislativo sobre la iniciativa de reforma electoral,la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió la necesidad de delimitar con claridad las facultades institucionales ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, al señalar que el Instituto no puede ni debe convertirse en juez de la probidad de aspirantes a cargos de elección popular.

“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política.

Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de

equidad, certeza, legalidad y transparencia”, estableció.

Ante medios de comunicación explicó que la iniciativa, presentada el 22 de mayo

de 2026 por la Presidencia de la República y próxima a discutirse en el Congreso

de la Unión, propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales para incorporar un mecanismo orientado a revisar perfiles de

candidaturas a través de una nueva comisión dentro del INE, ante lo cual el Instituto

asume su deber de informar con objetividad y aportar elementos técnicos al debate

público.

Detalló que el proyecto legislativo identifica como eje central la creación de dicha

comisión como un órgano permanente integrado por cinco consejeras o consejeros

electorales con presidencia rotativa anual, cuya operación se concibe como un

mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal

y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano

en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión

financiera.

1En cuanto al funcionamiento planteado, describió que el procedimiento iniciaría con

la entrega de listas de aspirantes por parte de partidos políticos o candidaturas

independientes de manera voluntaria, posteriormente el Instituto remitiría esta

información a autoridades de seguridad e inteligencia para realizar análisis de riesgo

y, una vez concluido este proceso, dichas instancias comunicarían la existencia o

no de un “riesgo razonable”, resultado que el INE notificaría a los actores políticos

bajo principios estrictos de confidencialidad.

La Presidenta del INE enfatizó que la iniciativa establece con claridad que este

mecanismo no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos en la selección

de sus candidaturas, ya que la decisión de someter perfiles a evaluación es

voluntaria y queda en manos de cada instituto político definir si envía la totalidad o

sólo una parte de sus listas para revisión.

Frente a este panorama, la Consejera Presidenta destacó la importancia de respetar

el ámbito de atribuciones de cada poder del Estado al recordar que corresponde

exclusivamente al Poder Legislativo analizar, discutir y definir el diseño institucional

del sistema electoral, al tiempo que reiteró la disposición del INE para acompañar

el proceso con información técnica, operativa y experiencia acumulada que

contribuya a la viabilidad de la reforma.

“En caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, el Instituto asumirá el

mandato con responsabilidad”, aseguró. No obstante, alertó que existe un área de

oportunidad en la iniciativa en caso de que las facultades no queden claramente

delimitadas, debido a que asignar al Instituto funciones relacionadas con la

validación de la integridad de candidaturas podría vulnerar su carácter de autoridad

neutral.

2“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o

determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta

autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa

nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas

políticas”, subrayó.

En esa misma línea, recalcó que la naturaleza del INE es estrictamente

administrativa y orientada a la organización de elecciones bajo principios de

legalidad, certeza y transparencia, “no es un órgano ministerial ni judicial”.

Taddei Zavala puntualizó que la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar

posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde únicamente a las autoridades

de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública, son sólo ellas las que

cuentan con facultades legales y metodológicas para determinar la existencia de un

“riesgo razonable”, al precisar de forma textual que “nuestra función no es validar la

integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”.

Asimismo, se refirió a la iniciativa de ley para introducir una causal de nulidad de

elecciones por intervención extranjera, la cual dijo, en caso de ser aprobada,

obligará al INE a generar lineamientos, procedimientos, mecanismos, directrices

“que nos lleven a establecer con claridad qué pasa con la intervención del dinero

extranjero en nuestros procesos electorales”.

Finalmente, planteó que el combate a cualquier intento de infiltración de intereses

ajenos a la legalidad en los procesos democráticos requiere una responsabilidad

compartida entre todas las instituciones del Estado mexicano, por lo que el INE

mantendrá su compromiso con la organización de elecciones libres y auténticas, al

tiempo que exigirá que cada autoridad y actor político asuma con rigor la parte que

le corresponde en el ejercicio de sus facultades para preservar la confianza

ciudadana y la imparcialidad del sistema electoral.