Desde 2018, el Gobierno de México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de 269 personas acusadas de delitos como delincuencia organizada, corrupción, trata de personas y desaparición forzada; sin embargo, ninguna de esas peticiones se ha concretado. La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó recientemente estas cifras para responder a las presiones de Washington relacionadas con investigaciones ligadas a Sinaloa y exigir reciprocidad en la cooperación judicial entre ambos países.
El argumento central del Gobierno mexicano se basa en el Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos en 1978. En particular, el Artículo 12 permite al país requerido solicitar información adicional cuando considere insuficientes las pruebas presentadas para una extradición. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las 269 solicitudes enviadas por México, 36 fueron rechazadas y 233 continúan pendientes. Además, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional, Estados Unidos pidió más elementos antes de avanzar con el proceso.
Otro de los puntos clave del tratado se encuentra en el Artículo 9, el cual establece que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus propios ciudadanos. Esa disposición convierte las extradiciones en decisiones discrecionales y permite que cada nación evalúe si procede o no entregar a un acusado. Bajo ese criterio, México sostiene que tiene derecho a revisar cuidadosamente cada expediente y exigir pruebas claras antes de autorizar cualquier acción contra ciudadanos mexicanos reclamados por autoridades estadounidenses.
Entre los nombres incluidos en las solicitudes mexicanas destacan el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y personas vinculadas al caso Ayotzinapa. El Gobierno federal sostiene que Estados Unidos aplica constantemente filtros jurídicos y políticos para retrasar o negar las extradiciones, mientras al mismo tiempo exige a México actuar con rapidez en casos relacionados con narcotráfico y funcionarios investigados en Sinaloa.
La polémica ha provocado un intenso debate político y social. Mientras especialistas consideran válida la exigencia de reciprocidad planteada por México, otros señalan que la relación bilateral se ha deteriorado por la falta de confianza en el sistema judicial mexicano y por el uso de mecanismos alternos como los “traslados” de criminales hacia Estados Unidos. En redes sociales y foros digitales, usuarios también cuestionaron si las negativas estadounidenses obedecen a razones legales o a la percepción de impunidad dentro de México.
