La disputa en torno a la investigación del asesinato de Carlos Manzo ha abierto un nuevo frente político en Michoacán, donde la figura de Grecia Quiroz se encuentra en el centro del debate. La alcaldesa de Uruapan ha sido señalada por no entregar el teléfono celular de su esposo a la Fiscalía, un dispositivo considerado pieza clave para esclarecer el crimen. Sin embargo, lejos de una negativa absoluta, Quiroz ha sostenido que está dispuesta a colaborar, pero bajo condiciones específicas, particularmente que la revisión del equipo se realice en su presencia para evitar cualquier posible alteración de la información.
Este episodio no solo refleja la complejidad del caso, sino también las tensiones institucionales que lo rodean. Mientras autoridades insisten en que el contenido del celular podría aportar datos determinantes sobre amenazas o posibles responsables, voces políticas advierten que retener el dispositivo podría obstaculizar la investigación. En medio de acusaciones cruzadas, el caso expone un delicado equilibrio entre la exigencia de justicia, la desconfianza hacia las instituciones y el impacto político que genera uno de los expedientes más sensibles en la entidad.
