Una grave acusación volvió a colocar bajo la lupa el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, luego de que dirigentes de oposición denunciaran que el crimen organizado habría lanzado amenazas directas para influir en el resultado. De acuerdo con un expediente presentado en Estados Unidos, grupos criminales advirtieron que, si no ganaba Rubén Rocha Moya, habría asesinatos contra actores políticos, lo que evidenciaría un clima de intimidación durante la jornada electoral.

El documento, entregado en Washington por líderes como Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, contenía más de 50 páginas con testimonios y presuntos indicios de una “narcoelección”. En dicho informe se detallan presiones, amenazas y posibles actos de violencia que, según los denunciantes, habrían condicionado la participación política y el voto ciudadano en distintas regiones del estado.

Estas revelaciones se suman a otras declaraciones recientes que apuntan a la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, señalando que la contienda no se desarrolló en condiciones normales. Versiones coincidentes sostienen que hubo intimidación sistemática, lo que refuerza la narrativa de que grupos delictivos buscaron incidir directamente en el resultado político en Sinaloa.

El caso ha cobrado nueva fuerza en medio de investigaciones internacionales y tensiones políticas que involucran al actual gobernador, lo que ha reactivado el debate sobre la posible infiltración del narcotráfico en la vida pública. Las acusaciones, aunque rechazadas por autoridades y sectores afines al gobierno, siguen generando cuestionamientos sobre la legitimidad de los comicios.

Este escenario mantiene abierta una discusión de fondo sobre la seguridad electoral en México y la capacidad del Estado para garantizar procesos libres de violencia. Las denuncias sobre amenazas extremas y presunta coacción criminal colocan nuevamente el tema de la narcopolítica en el centro del debate nacional, en un contexto donde la desconfianza institucional continúa creciendo.