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Chihuahua, CHIH. El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Seguridad Escolar y la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de fortalecer la seguridad en las aulas y respaldar al magisterio, para que las y los docentes cuenten con protección legal, acompañamiento institucional y protocolos claros en caso de enfrentar agresiones, conflictos o señalamientos durante el ejercicio de su labor.
En la exposición por parte del diputado Óscar Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, señaló que las adecuaciones realizadas establecen bases legales para que exista un Protocolo de Protección al Personal Docente, con reglas claras para prevenir y atender cualquier tipo de violencia dentro del entorno escolar. Asimismo, se busca asegurar que las escuelas sean espacios de respeto, diálogo y convivencia pacífica, tanto para estudiantes como para personas trabajadoras de la educación.
Entre las cosas a destacar están el que la autoridad educativa deberá actuar de inmediato ante cualquier agresión o situación de riesgo; además, se deberá garantizar el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia en caso de denuncias, se habrá de brindar asesoría jurídica y apoyo psicológico cuando sea necesario.
Aunado a lo anterior, se crearán mecanismos formales para acompañar a docentes que enfrenten conflictos y se promoverá la capacitación periódica de las autoridades escolares sobre el manejo de los mismos, actuación ante denuncias, canales institucionales y garantías laborales.
Además, la ley ahora reconoce expresamente la obligación de la autoridad educativa de proteger la dignidad, el honor, seguridad y la estabilidad laboral y emocional del personal docente.
Cabe resaltar que para las reformas realizadas, previamente se realizaron una serie de mesas de trabajo integradas por docentes, representantes sindicales y especialistas, quienes compartieron inquietudes y propuestas para fortalecer la propuesta inicial.
Dentro de los artículos transitorios del decreto aprobado por el Pleno Legislativo, se estableció que el protocolo deberá ser elaborado y publicado por la Secretaría de Educación y Deporte, con la participación de las trabajadoras y trabajadores de la educación, sindicatos magisteriales, quienes integran la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte de la Sexagésima Octava Legislatura, organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas dentro de 90 días hábiles después de su publicación.
