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El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de su personal, ha determinado implementar medidas preventivas temporales en la operación de sus Módulos de Atención Ciudadana, derivado de los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país en horas recientes.
En este contexto, el Instituto ha decidido suspender hasta nuevo aviso, las actividades de los módulos itinerantes o móviles en aquellos estados donde las autoridades locales así lo recomienden. En ese sentido, las distintas delegaciones del INE en territorio nacional decidirán, previa consulta con las autoridades de seguridad locales, la suspensión total o parcial de actividades, y lo comunicarán a la ciudadanía a través de los canales institucionales a su alcance.
Asimismo, en los estados de Jalisco y Nayarit, además de los módulos itinerantes, se suspenderá también la operación de los módulos fijos de atención ciudadana y todo el personal de las oficinas del Instituto en ambas entidades trabajará en la modalidad de home office.
Estas determinaciones responden a una evaluación preventiva de riesgos, ante los acontecimientos ocurridos en diversas entidades, donde se registraron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en la vía pública.
El INE, como institución estratégica del Estado mexicano, tiene la obligación de actuar con responsabilidad y prudencia para proteger a quienes acuden a realizar trámites relacionados con su Credencial para Votar, así como al personal que labora en sus instalaciones.
El Instituto mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales, en coordinación con las instancias que integran el Gabinete de Seguridad, atendiendo en todo momento sus recomendaciones.
El INE reitera que esta medida es de carácter preventivo y temporal. Los servicios se reanudarán una vez que existan condiciones adecuadas que garanticen la seguridad de la ciudadanía y del personal institucional.
El Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la protección de los derechos político-electorales de la población y su disposición de colaborar, dentro del ámbito de sus atribuciones, con las autoridades competentes para contribuir a la estabilidad y normalidad en el país.
