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En el primer cuadro de la capital chihuahuense, donde la seguridad pública debería ser prioridad absoluta, la Célula BOI realizó un operativo sorpresa en fincas abandonadas y propiedades tapiadas, logrando la detención de dos individuos en posesión de 15 envoltorios de cristal y un arma blanca. El foco de la acción fue una ruinosa vivienda en el cruce de las calles 11 y Julián Carrillo, denunciada repetidamente por vecinos como punto de consumo de drogas y refugio de delincuentes. Los detenidos ya enfrentan cargos por delitos contra la salud ante el Ministerio Público, y las autoridades municipales exigieron a los propietarios el tapiado formal para cortar el ciclo de violencia e infección social que estos inmuebles representan.
Sin embargo, resulta paradójico —y hasta sospechoso— que acciones tan efectivas se concentren en ciertos puntos mientras áreas aledañas al Hospital General Dr. Salvador Zubirán Anchondo, en la zona de Teófilo Borunda y Colón, permanecen plagadas de personas en situación de adicción visible, con presencia constante de consumidores y, por ende, de dealers que operan con impunidad. Es inexplicable que, ante un entorno tan crítico y cercano a un hospital público clave, no se haya desplegado un operativo similar de gran escala. La ciudadanía exige consistencia: si se actúa con rapidez en fincas abandonadas del centro, ¿por qué se tolera la normalización del narcomenudeo justo donde miles de pacientes, familiares y personal médico transitan diariamente? La seguridad no puede ser selectiva; o se limpia toda la ciudad o se corre el riesgo de que la percepción de protección sea solo un espejismo.
En el Estado de Chihuahua lloramos, y con razón, la trágica muerte de un agente canino de la Policía Municipal. Sirenas, honores, aplausos, lágrimas que corrían como río en temporada de lluvias y discursos que competían en emotividad. No es para menos: el perro policía cayó en el cumplimiento del deber, y eso cala. Cala hondo.
La escena fue impecable. Uniformes planchados, miradas firmes, promesas solemnes. Y entonces, el clímax legislativo: autoridades solicitando al Congreso del estado endurecer las penas contra quien agreda o asesine a uno de estos elementos de cuatro patas, porque —y aquí el argumento estrella— su labor es equiparable a la de un policía humano. Dicho y hecho: ya se alistan los diputados para enfundarse el traje de súper defensores de los derechos de los animales. Reforma urgente. Prioridad máxima. Que no pase de esta semana, si se puede.
Nada vende mejor que la indignación con causa noble.
Mientras tanto, en la trastienda del espectáculo, los pendientes de siempre bostezan en la congeladora legislativa. La famosa puerta giratoria del Poder Judicial sigue girando con la puntualidad de un reloj suizo: un error de dedo en un informe policial, una coma mal puesta, un procedimiento mal llenado y ¡zas!, el presunto asesino recupera su libertad antes de que la tinta del expediente se seque. Pero eso no tiene ceremonia ni homenaje con flores.
Adecuar y probar correctamente un feminicidio para que se tipifique como tal continúa siendo una carrera de obstáculos burocráticos. La violencia contra las mujeres no siempre alcanza para discursos encendidos si no hay trending topic de por medio. Y reconocer la violencia vicaria como realidad tangible, con protocolos claros y sanciones eficaces, sigue siendo tema incómodo: demasiado complejo, demasiado poco fotogénico.
¿Y la ley de protección a periodistas? Esa que promete salvaguardar a quienes ejercen el incómodo oficio de preguntar. Ah, sí, esa está “en análisis”, “en revisión”, “en construcción permanente”. Un limbo elegante para decir que no urge… hasta que urge.
Desmenuzar el esquema de impuestos para ajustarlo a las verdaderas condiciones socioeconómicas de los ciudadanos tampoco arranca aplausos. Revisar la progresividad fiscal suena árido, nada heroico. Lo mismo ocurre con la regulación clara de las pensiones alimenticias, la armonización de leyes para garantizar atención integral en salud mental, la actualización de protocolos contra desapariciones forzadas, la mejora en la capacitación obligatoria de policías para evitar que los casos se caigan por tecnicismos y la rendición de cuentas real en el uso de recursos públicos.
También duermen el sueño de los justos reformas sobre movilidad urbana segura, protección efectiva a personas con discapacidad, políticas públicas contra la adicción que vayan más allá del discurso, y la urgente digitalización transparente de trámites para cerrar espacios a la corrupción cotidiana. Pero claro, nada de eso convoca homenajes con sirena abierta.
Que se legisle para proteger a los perros policía es justo. Que se les reconozca su valor, también. El problema no es la causa; el problema es la selectividad del entusiasmo. Porque cuando todo es urgente sólo si es mediático, lo verdaderamente estructural termina eternamente postergado.
En esta tierra donde el espectáculo suele marcar la agenda, endurecer penas por el asesinato de un agente canino puede avanzar en fast track. Mientras tanto, las reformas profundas, las que incomodan intereses y exigen trabajo técnico serio, seguirán esperando turno. Sin honores. Sin lágrimas. Y, sobre todo, sin prisa.
