La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), tomó conocimiento del informe de actividades 2025 del Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que presentó su titular Olivia Rojo Martínez.

El diputado Mejía Berdeja comentó que la inquietud legítima de las y los legisladores se presta a querer introducirse más en el tema de las observaciones de áreas sustantivas, por lo que es necesario revisar qué es sustantivo y qué no, toda vez que impactan en el área de los recursos para que se ejerzan a favor del pueblo, aunque se entiende que el marco legal actualmente está acotado.

Intervención de diputadas y diputados

La diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) expresó que si bien la CNDH ha incrementado la emisión de recomendaciones en los últimos años, diversos análisis señalan una disminución significativa en su cumplimiento total, lo que evidencia un desfase entre la actividad recomendatoria y sus resultados efectivos, por lo que subrayó la relevancia de que evalúe el uso adecuado de los recursos, el cumplimiento de perfiles de servidores públicos, así como la existencia de una planeación administrativa y financiera.

A su vez, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) señaló la importancia de identificar áreas de oportunidad en el marco normativo que fortalezcan la independencia y gestión objetiva del OIC e impulsar herramientas de transparencia proactiva y verificable, acompañadas de procesos de capacitación continua en materia de transparencia y protección de datos personales.

Claudia Selene Ávila Flores, diputada de Morena, destacó la relación entre democracia y transparencia e indicó la pertinencia de dar seguimiento puntual al número de recomendaciones emitidas por la CNDH, su grado de cumplimiento y los posibles desacatos. Planteó la necesidad de revisar y actualizar el marco legal sobre archivos para garantizar de manera más efectiva los derechos de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

De MC, el diputado Gildardo Pérez Gabino sostuvo que el debilitamiento de los esquemas de vacunación y la escasez de medicamentos son ejemplos de retrocesos que afectan el derecho a la salud, por lo que enfatizó la importancia de que la CNDH actúe con oportunidad mediante recomendaciones al Estado frente a situaciones que evidencian regresiones en la garantía de derechos fundamentales.

Por su parte, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) reconoció la claridad y precisión del informe presentado al destacar los avances como la actualización normativa, la disminución de observaciones, la sistematización de expedientes, la reducción de plazos en resoluciones y la capacitación con perspectiva de género.

El diputado del PRI, Arturo Yañez Cuellar, resaltó el desafío operativo que implica que el OIC cuente con un número reducido de personal frente al total de trabajadores de la institución, lo que presiona la atención de quejas, denuncias y nuevas modalidades digitales. Pidió valorar la suficiencia de plazas, revisar las solicitudes de fortalecimiento institucional y analizar la nueva legislación en materia de transparencia.

La diputada Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno (Morena) subrayó la puntualidad del informe y los avances reportados, particularmente los relacionados con sanciones a servidores públicos y recuperación de recursos derivados de auditorías, así como la importancia de contextualizar estos resultados frente a periodos anteriores para medir su evolución real e identificar los principales retos y ejes estratégicos hacia 2026.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, expresó su preocupación por la ausencia de seguimiento y coordinación interinstitucional que garantice justicia, reparación del daño y responsabilidad efectiva en casos graves vinculados con el derecho a la salud.

En su intervención, Rojo Martínez manifestó que está convencida de que los resultados que presenta se derivan de la prevención y corrección que contribuyen a mejorar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas servidoras públicas de la CNDH, con la finalidad de que se apeguen al marco jurídico aplicable.

Comentó que el documento se compone de siete apartados importantes: presupuesto y estructura del OIC, fiscalización del OIC y entes fiscalizadores externos, investigación y situación patrimonial, substanciación y resolución, autoridad garante en materia de transparencia, presencia del OIC en diversos temas y resumen del informe.

  Informó que en 2025 la Comisión Nacional ejerció un presupuesto de 1,462.8 millones y el costo del Órgano Interno de Control fue de 47.6. Respecto a la plantilla del personal, la CNDH cuenta con 1,400 personas activas y el OIC para realizar las actividades tiene 66 personas activas.

En materia de fiscalización, durante 2025 se realizaron 42 auditorías, 22 financieras y 20 de desempeño, dando como resultado 68 observaciones, de las cuales 22 fueron de control interno, 15 financiero contable, 15 de normatividad, siete de adquisiciones, tres de activo fijo, tres de recursos humanos, una de procedimientos, una de operación y una de matriz de indicadores de resultados.

Resaltó que el OIC obtuvo 11.5 millones de pesos de ingresos excedentes, pues a través de la fiscalización se han recuperado 6.3 millones de pesos que ya entraron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por parte del área de responsabilidades se ha determinado un total de créditos fiscales por 5.2 millones.

En materia de investigación, informó que se atendieron durante el año pasado 425 expedientes, de los cuales se calificaron 137, 135 fueron por faltas no graves y dos por faltas graves que se turnaron al tribunal; además, 185 denuncias se concluyeron sin elementos por no acreditarse la conducta denunciada y al 31 de diciembre quedaron 103 expedientes en trámite.

En resumen, dijo que el OIC en 2025 mantuvo constantemente la actualización normativa, se disminuyeron observaciones porque las áreas han ido mejorando en la sistematización de expedientes de denuncia, cuenta con un sistema de expedientes de denuncia de quejas que ha permitido, desde que llega la queja hasta que se resuelve, tener un control para la toma de decisiones y se han reducido los plazos de atención y resolución de las denuncias.

Para 2026, adelantó que se proyecta avanzar en la sistematización de auditorías, mantener acciones preventivas y en tiempo real, reducir plazos de investigación y substanciación, y fortalecer la coordinación en transparencia y protección de datos personales, consolidando su compromiso con la rendición de cuentas.

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