Noticias Chihuahua:
_–Lo que las reformas plantean: Auditorías obligatorias e inmediatas y prohibición absoluta de reservar información._
_–Además, se fortalece el papel de la Cámara de Diputados._
El senador Mario Vázquez Robles presentó, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, dos iniciativas —una de carácter constitucional y otra legal— para establecer fiscalización en tiempo real y transparencia total en todas las obras públicas financiadas con recursos federales, ante los graves sobrecostos, la opacidad y los accidentes registrados en proyectos de infraestructura.
El legislador explicó que estas propuestas van más allá de una reforma técnica, ya que buscan enfrentar de manera directa la corrupción, la impunidad y las consecuencias reales que la mala fiscalización tiene sobre la vida, la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos.
“Cuando la fiscalización falla no solo se pierden recursos públicos. Se pierden oportunidades, se pierde confianza y, en el peor de los casos, se pierden vidas humanas”, afirmó.
Mario Vázquez recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue creada como el principal contrapeso frente al abuso del poder en el uso del dinero público; sin embargo, hoy enfrenta limitaciones legales que le impiden cumplir plenamente con su función.
Actualmente, la ASF no puede auditar obras en ejecución sin autorización discrecional, no puede acceder a información clasificada como reservada y debe esperar años para revisar proyectos que ya presentan sobrecostos, fallas estructurales o incluso accidentes fatales. “La fiscalización llega tarde, cuando el daño ya está hecho. Ese es el problema que hoy corregimos”, advirtió.
El senador señaló que, desde 2018, el gobierno federal impulsó un modelo basado en grandes obras públicas que absorbieron cientos de miles de millones de pesos. No obstante, muchas de ellas se convirtieron en símbolos de improvisación, opacidad y sobrecostos.
Indicó que los propios informes de la ASF documentan deficiencias reiteradas en la planeación, contratación, ejecución y comprobación del gasto en obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con sobrecostos que en conjunto superan los 670 mil millones de pesos.
A ello se suman contratos modificados de forma constante, pagos en exceso e información fragmentada o clasificada, lo que impide una rendición de cuentas efectiva.
Asimismo, recordó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó personas fallecidas y decenas de lesionados, y advirtió que estos hechos no pueden reducirse a explicaciones parciales sin investigar posibles fallas en la infraestructura.
“Cuando ocurre un accidente en una obra pública financiada con recursos del pueblo, el Estado tiene la obligación de investigarlo todo, no solo lo conveniente”, sostuvo.
Las iniciativas reforman los artículos 6 y 79 de la Constitución, así como disposiciones legales, para establecer que en ningún caso pueda reservarse información relacionada con el ejercicio de recursos públicos, ni siquiera bajo el argumento de la seguridad nacional.
Además, se plantea que, ante indicios de corrupción, sobrecostos injustificados o accidentes, la ASF intervenga de inmediato, durante el ejercicio fiscal en curso y también en ejercicios anteriores, sin permisos discrecionales ni pretextos administrativos.
Asimismo, se fortalece el papel de la Cámara de Diputados, al permitir que una quinta parte de sus integrantes pueda solicitar directamente auditorías, con el fin de reforzar el control democrático y el equilibrio entre poderes.
El Grupo Parlamentario del PAN subrayó que estas reformas no van contra la obra pública, sino a favor de la buena obra pública: la que se planea con seriedad, se ejecuta con honestidad y cumple su función social sin inflar costos ni ocultar errores.
“La fiscalización oportuna no frena el desarrollo; lo mejora. No detiene proyectos; evita desastres. No genera desconfianza; la reconstruye”, concluyó el senador.
Finalmente, desde Acción Nacional se llama a respaldar estas iniciativas por responsabilidad constitucional, y señala que defender la fiscalización es defender la democracia y que, en México, ninguna obra, por grande que sea, puede estar por encima de la Constitución.
