El Colectivo Vida en la Cuenca acudió a las oficinas de Semarnat para hacer revisiones de los proyectos como la Gaza de incorporación Periférico de la Juventud al Blvd. Teófilo Borunda” que tiene en construcción el Municipio.
“En este recurso solicitamos que el Municipio de Chihuahua esté obligado a presentar una Manifestación de Impacto Ambiental para dicho proyecto. Si bien el proyecto fue aprobado bajo el argumento de que la obra se realizaría sobre infraestructura urbana preexistente, a tan solo dos semanas del inicio de los trabajos ya se registran afectaciones en la zona federal de amortiguamiento del Río Chuvíscar.
Recurso de revisión de denuncia ciudadana a PROFEPA, en el que solicitamos se evalúe con integridad una denuncia presentada respecto al uso de detonaciones y desmontes en suelo forestal sin autorización federal, en el poniente sur de la ciudad. También solicitamos atención eficaz a las otras dos denuncias en materia de impacto ambiental recién ingresadas en la zona, puesto que la respuesta de parte de la Procuraduría ha sido negligente y deficiente en
forma y tiempo.
Hacemos un llamado a las autoridades responsables para que atiendan de manera oportuna y conforme a derecho las denuncias presentadas por la ciudadanía y por colectivos como el nuestro, y para que cumplan cabalmente con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Según nuestro observatorio ciudadano, entre las obras inmobiliarias que se aprueban en Cabildo semanalmente y comienzan su construcción sobre suelos forestales o ribereños (federales), menos del 10% atraviesan el correspondiente Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ingresando también en la Gaceta Ecológica de SEMARNAT.
Esta situación evidencia una práctica sistemática de omisión que debilita el Estado de Derecho.
Consideramos urgente que las propias instituciones respeten el marco legal vigente, ya que el deterioro del equilibrio ecológico y de la salud ambiental de la ciudad avanza a pasos acelerados.
Creemos que la legislación ambiental es una de las pocas herramientas efectivas con las que cuenta la ciudadanía para defender el derecho constitucional a un medio ambiente sano, así como para trabajar de la mano con la sociedad como aliadas y aliados en la preservación del equilibrio ecológico, la protección de los derechos humanos ambientales”.
