El diario Vanguardia informó que la detención y posterior liberación en Nuevo León de su director general, Armando Castilla Galindo, expuso una red de corrupción y fabricación de delitos que compartió actores y métodos con casos registrados en Coahuila.
Integrantes de la Sociedad Manuel Acuña declararon que fueron víctimas del despojo de su inmueble y señalaron que en su caso se repitieron personas, procedimientos e irregularidades similares a las denunciadas en el proceso seguido contra el director del medio.
Los testimonios identificaron a Marco Antonio Fuentes Garza y al notario Luis Ramos Escalante como participantes en ambos asuntos, al indicar que el primero promovió la denuncia por fraude en Nuevo León y también formalizó la entrega del edificio de la sociedad, mientras que el segundo dio fe de actos que los afectados afirmaron que no ocurrieron.
Los socios expusieron que el inmueble fue entregado mediante un convenio derivado de un juicio mercantil iniciado por un pagaré de 2013, tramitado en un juzgado de Torreón y resuelto en 2019 en contra de la sociedad, lo que derivó en la cesión del edificio para cubrir una deuda reclamada.
Las personas entrevistadas señalaron que existió encubrimiento en instancias de la Fiscalía y del Poder Judicial, y expusieron que decisiones internas y cambios en la figura jurídica de la organización facilitaron la pérdida del patrimonio de la Sociedad Manuel Acuña.
