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El senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con la que se busca eliminar la prescripción de los delitos sexuales. Esta medida tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia para las personas víctimas de violencia sexual y combatir de manera efectiva la impunidad que persiste en estos casos.
“El planteamiento que someto a consideración surge de una realidad persistente y documentada: la enorme distancia que existe entre la violencia sexual que se comete en nuestro país y la posibilidad real de que las víctimas accedan a la justicia”, explicó el legislador.
Durante décadas, agregó, el marco normativo ha permitido que el paso del tiempo opere como una barrera definitiva para investigar, perseguir y sancionar estos delitos.
La propuesta sugiere adicionar un segundo párrafo al artículo 113 del Código Penal Federal, estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos de naturaleza sexual. Se reconoce que el simple paso del tiempo no debe ser un obstáculo para que las víctimas puedan denunciar y obtener justicia.
El senador Loera argumenta que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales permitirá a las víctimas ejercer la acción penal cuando se sientan preparadas, sin la presión de plazos legales que favorecen la impunidad.
Además, la reforma busca armonizar el marco jurídico federal y exhorta a las entidades federativas a adecuar sus legislaciones, garantizando una protección efectiva de los derechos de las mujeres.
En la Exposición de Motivos se explica que la prescripción es una figura jurídica que extingue la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo, bajo el principio de seguridad jurídica. Sin embargo, al aplicarse a los delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra mujeres, esta figura genera un efecto desigual que beneficia a los agresores y vulnera el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.
“La prescripción ha significado que el silencio forzado fuera premiado y que la espera se convirtiera en estrategia de impunidad”, argumentó Juan Carlos Loera.
El documento enfatiza que los delitos sexuales suelen ocurrir en contextos de intimidad, abuso de confianza o subordinación, causando profundas secuelas físicas, psicológicas y sociales. Factores como el miedo, la vergüenza, la dependencia emocional o económica, la estigmatización social y la desconfianza en las instituciones dificultan que muchas mujeres denuncien de inmediato. Esto provoca que, al vencer los plazos legales, los agresores queden en la impunidad.
La iniciativa detalla un amplio catálogo de delitos sexuales contemplados en el Código Penal Federal, que incluye el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la violación, la violación equiparada, la pornografía infantil, la pederastia, el turismo sexual, la violación a la intimidad sexual, el ciberacoso, el lenocinio, el feminicidio y otros delitos que atentan contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres.
Actualmente, el promedio de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra mujeres es de aproximadamente 12 años, siendo seis años el plazo más común. Este período se considera insuficiente, dado el contexto físico, emocional y social que enfrentan las víctimas para denunciar.
De acuerdo con datos oficiales, los delitos sexuales ocupan uno de los primeros lugares en violencia contra las mujeres en México, presentando una cifra negra alarmante: más del 99% de estos delitos no son denunciados. Esta realidad evidencia un problema estructural y una forma de violencia institucional que revictimiza a las mujeres.
La iniciativa fue turnada para su análisis y discusión a comisiones del Senado, como parte de los esfuerzos legislativos para avanzar hacia una vida libre de violencia y asegurar que los delitos sexuales no queden impunes.
