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La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua apoyó la petición de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, en la cual se exhortó al Secretario de Seguridad Pública del Estado para que dé respuesta al oficio de fecha 06 de enero de 2026, suscrito por la Alcaldesa de Guadalupe y Calvo, y asuma con responsabilidad su función constitucional en materia de seguridad pública.
La iniciadora expuso que la seguridad pública constituye una función esencial del Estado y una obligación constitucional indeclinable de los gobiernos y su correcta atención no admite improvisaciones, ocurrencias ni decisiones unilaterales carentes de sustento técnico, pues de ello depende la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.
Al respecto, la Legisladora señaló que, al inicio de la actual administración estatal se presentó el Proyecto Centinela como eje central de la estrategia de seguridad, sin embargo, con ello no se ha llegado a los resultados óptimos.
El Gobierno del Estado ha sostenido públicamente que Guadalupe y Calvo sostiene una supuesta negativa para colaborar con el Proyecto Centinela para que se instale un subcentro en la cabecera municipal, señalando directamente a la presidenta, Ana Laura González Abrego de obstaculizar la instalación de dicho proyecto en la región. Estas afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que constituyen una forma de desinformación que busca deslindar al Ejecutivo Estatal de su responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública.
Es falso que dicho municipio o su Presidenta Municipal, se hayan negado a colaborar con el referido proyecto, por el contrario, desde hace meses se han planteado seis alternativas viables —tres terrenos y tres inmuebles— para facilitar la instalación de infraestructura, incluso asumiendo costos de renta, adecuación o construcción, con el objetivo de no afectar ni la seguridad de la población ni el patrimonio histórico del municipio.
Dichas propuestas fueron presentadas de manera directa al Secretario de Seguridad Pública del Estado y formalizadas mediante oficio de fecha 6 de enero de 2026, acompañado de información técnica y planos catastrales.
A la fecha, no se ha recibido respuesta formal por parte del Gobierno del Estado, ni se ha informado si estas opciones han sido evaluadas o descartadas por razones técnicas, presupuestales o estratégicas, es por ello que se hace el llamado para que se dé respuesta a lo ya planteado, con la finalidad de que la seguridad de la población sea prioridad.
