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El Congreso de Chihuahua por mayoría de votos, apoyó la petición del diputado Arturo Medina Aguirre a fin de exhortar a los municipios del Estado de Chihuahua, para que promuevan controversia constitucional por la aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, por la omisión de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, así como la violación a su autonomía y su capacidad de proveer servicios públicos de agua potable y saneamiento.
En su exposición, Medina Aguirre señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2º, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectarles directamente.
La reciente aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se realizó sin llevar a cabo la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a pesar de que dichas normas impactan directamente en sus sistemas comunitarios de agua y saneamiento, regulados por el artículo 43 de la propia ley.
Dicha omisión vulnera la autonomía y los derechos colectivos de las comunidades indígenas del Estado, particularmente de los pueblos indígenas Rarámuri, Pima, Guarojío y Tepehuano, quienes históricamente han gestionado sus recursos hídricos conforme a sus usos y costumbres.
De acuerdo a lo señalado por el Legislador, la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales impulsada por el Gobierno Federal, representa un grave riesgo para el campo chihuahuense, al centralizar de manera discrecional el control del agua, vulnerando los derechos adquiridos y encareciendo la producción agrícola y ganadera.
Es por lo anterior que, resulta indispensable que los municipios de Chihuahua, en ejercicio de sus facultades constitucionales y en defensa de los derechos humanos, promuevan controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de garantizar el respeto al principio de consulta previa y la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como garantizar su autonomía y su capacidad de proveer servicios públicos de agua potable y saneamiento.
Cabe mencionar que dentro de la misma sesión fue aprobada la moción del diputado Ismael Pérez Pavía, en el sentido de agregar un resolutivo en el que se exhortó a los municipios del Estado de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones, evalúen promover en su momento la controversia constitucional que resulte procedente, una vez que la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Agua Nacionales, entren en vigor, toda vez que su expedición se hará sin mediar consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas.
