La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Casandra Prisilla De Los Santos Flores (PVEM), aprobó con 16 votos a favor el dictamen por el que se exhorta a los 31 poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, con miras a la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Les solicita, exceptuando a los de la Ciudad de México, realizar las acciones pertinentes a efecto de coadyuvar en la presentación de las iniciativas necesarias con el objetivo de homologar los marcos normativos estatales con el nuevo Código Nacional.

También, publicar la declaratoria de entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, atendiendo a lo mandatado por el segundo y tercer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el nuevo Código.

Además, llama a gestionar los convenios necesarios, tanto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano como con organizaciones de la sociedad civil que representan, que incluyan o atiendan a personas con discapacidad, con el objetivo de agilizar las consultas.

De igual modo, capacitar al personal acerca de los derechos de las personas con discapacidad, conforme lo establecen los artículos transitorios décimo primero, décimo segundo y décimo noveno del decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional.

En su fundamentación, explica que la armonización propuesta con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no solo debe atender el texto legal sino garantizar que se habiliten los recursos físicos, tecnológicos y humanos para eliminar barreras en el acceso a la justicia para personas con discapacidad.

Señala que, dada la disparidad institucional entre estados en cuanto a infraestructura, capacitación, recursos tecnológicos y experiencia en oralidad procesal, se vuelve urgente que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial locales trabajen de manera coordinada, no aislada, para homologar sus normas con el Código.

Puntualiza que la declaratoria de entrada en vigor del Código requiere diagnósticos detallados sobre capacidad institucional; es decir, cuántos juzgados especializados operan, qué sistemas digitales tienen y cuánto personal necesita capacitación. Ello, permitirá planear el uso del presupuesto, monitorear avances y evitar implementaciones desiguales que afecten el acceso a la justicia.

  Previamente, las y los integrantes avalaron el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión por el que autoriza la ampliación de plazo para dictaminar los asuntos turnados.