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Con el fin de proteger la dignidad de las víctimas y poner fin a una práctica que causa daño, revictimización y afecta la procuración de justicia, la diputada Leticia Ortega Máynez presentó la iniciativa conocida como “Ley Ingrid”, que busca sancionar a personas servidoras públicas que difundan, entreguen o compartan información, imágenes, audios o videos provenientes de carpetas de investigación.
La legisladora destacó que estas filtraciones representan “un problema estructural, documentado por organismos públicos, organizaciones civiles y autoridades federales, que afecta la calidad de las investigaciones, vulnera derechos humanos y genera responsabilidad internacional para el Estado mexicano”.
En un estado donde la violencia de género se expresa de manera persistente, Ortega subrayó que estas filtraciones son “un eslabón más de esa cadena de violencia”, pues “no solo exponen a las víctimas y a sus familias a una revictimización pública, sino que además envían un mensaje profundamente dañino”.
La iniciativa plantea sanciones de dos a ocho años de prisión y multas de cien a cuatrocientos días, incrementándose hasta en una mitad cuando la información difundida se refiera a mujeres, niñas, niños o adolescentes, o a hechos vinculados con feminicidio, violencia sexual, desaparición o trata. Esta propuesta, además, armoniza el marco estatal con la reforma federal aprobada en 2022.
Ortega recalcó que regular y sancionar estas conductas no limita la libertad de expresión, pues lo que se busca es impedir que quienes tienen acceso privilegiado a información reservada la utilicen “para exponer indebidamente a las víctimas, para negociar con su dolor o para contaminar deliberadamente los procesos de justicia”.
La diputada señaló que esta medida es parte de una agenda más amplia para garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia, especialmente en estados como Chihuahua, donde los niveles de violencia feminicida y la falta de reclasificación adecuada siguen siendo críticos.
Las fracciones parlamentarias del PAN y del PT se adhirieron a la iniciativa, respaldando la urgencia de prohibir legalmente estas prácticas.
