Noticias Chihuahua:
Un grito de rabia y supervivencia resuena en las autopistas mexicanas, donde líderes de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC) han elevado la apuesta en su mega movilización nacional, declarando sin filtros que “mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”, una frase que encapsula el terror cotidiano de quienes enfrentan extorsiones, robos armados y ejecuciones en las rutas que surcan el país, un infierno que ha forzado a miles de camioneros a paralizar el flujo de mercancías desde el lunes 24 de noviembre en al menos 20 estados, incluyendo Chihuahua, donde la inseguridad en la frontera norte se ha convertido en una sentencia de muerte para quienes osan circular sin pagar el “derecho de piso” al crimen organizado.
El detonante de esta furia no es un capricho, sino una avalancha de violencia que ha cobrado vidas y patrimonios: en el Arco Norte, durante uno de los bloqueos, delincuentes aprovecharon el descontrol para saquear neumáticos y cargas enteras de tráileres detenidos, un robo en bandeja que ilustra la ironía cruel de protestar contra la inseguridad solo para ser víctimas de ella. David Estévez Gamboa, dirigente de la ANTAC, rechazó las amenazas veladas del gobierno federal —que aludió a carpetas de investigación por los cierres viales—, insistiendo en que las demandas son básicas y vitales: cero robos, cero extorsiones y cero muertes en las carreteras que conectan desde Chihuahua hasta Yucatán, donde en 2025 se han reportado más de 13 mil asaltos a camiones, un incremento del 40% que ha dejado a familias en duelo y a operadores con el volante tembloroso por miedo a no regresar.
En Chihuahua, el epicentro de la rebelión norteña, los bloqueos en puentes internacionales como el Córdova de las Américas y en la carretera Chihuahua-Juárez han colapsado aduanas y trenes, con alrededor de 300 personas —entre agricultores y transportistas— impidiendo el paso de exportaciones mientras claman por una Ley de Aguas equitativa que no robe el vital líquido a los campos sedientos. La gobernadora Maru Campos avaló las protestas como “legítimas”, pero el eco de incidentes pasados —como el asesinato de un chofer en Ahumada en febrero de 2024— retumba como advertencia: en el kilómetro 185, un Jetta negro y una camioneta detuvieron a un operador, lo balearon y lo dejaron agonizante, un patrón que hoy obliga a los manifestantes a elegir entre el paro indefinido o el féretro rodante.
La Secretaría de Gobernación (Segob) abrió mesas de diálogo con campesinos y camioneros, pero excluyó voces clave como Bryan LeBarón de Chihuahua, un activista que advirtió que la violencia no cesará sin reformas profundas, desde la entrega de licencias plastificadas pendientes desde hace 12 sexenios hasta patrullajes federales que no sean de dientes de leche. Mientras Claudia Sheinbaum aclaró que su administración no perseguirá protestas sociales y priorizará el diálogo sobre las carpetas de la Fiscalía General de la República (FGR), los inconformes levantaron temporalmente algunos bloqueos en el Arco Norte tras más de 10 horas de tensión, pero prometen retomar si no hay avances concretos en precios justos para granos y seguridad vial.
Esta rebelión no es solo un cierre de carreteras, sino un pulso existencial donde el plomo de los asaltantes pesa más que las multas gubernamentales, y la frase de los transportistas se erige como himno de una clase trabajadora que prefiere el megáfono al mausoleo. En un México donde el 80% de la mercancía viaja por camión y el narco cobra peaje con balas, estos bloqueos podrían ser el último bastión antes de que la inseguridad engulla no solo rutas, sino el motor económico del país entero.
