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El parlamento venezolano aprobó recientemente una prórroga de 15 años para que dos empresas petroleras conjuntas entre Venezuela y Rusia sigan operando en el país. Las compañías en cuestión son Petroperijá y Boquerón, que ya tenían participación rusa y ahora obtienen una extensión para seguir explorando y extrayendo petróleo y gas hasta 2041.
La medida fue aprobada de manera unánime y sin debate profundo, lo que ha generado críticas y preocupaciones sobre transparencia y soberanía energética. Los legisladores oficialistas argumentan que esto permitirá producir “volúmenes importantes” de hidrocarburos y aumentar la producción, algo muy necesario para la economía venezolana.
Desde el lado ruso, este acuerdo refuerza su presencia e influencia en la industria petrolera venezolana, algo estratégico para Moscú, especialmente en un contexto global donde el petróleo sigue siendo clave para la geopolítica. Para Venezuela, también es una forma de asegurar ingresos y mantener activas sus alianzas energéticas.
Algunos analistas opinan que esta prórroga podría complicar futuros intentos de renegociar contratos energéticos, ya que se consolidan los lazos con Rusia por un largo periodo. También podría limitar la capacidad de Venezuela para diversificar sus socios en el sector energético.
Además, esta decisión llega en un momento sensible: Venezuela ya está aumentando su producción petrolera después de años de crisis, por lo que extender estos contratos puede ser una pieza clave para su recuperación económica.
Para la población venezolana, el riesgo es que estos acuerdos se traduzcan más en beneficios para las petroleras que en mejoras reales del bienestar social si no se gestionan con responsabilidad.
