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En un movimiento que apaga las mechas de un escándalo incipiente en los pasillos del Palacio de Justicia de Chihuahua, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desechó este 19 de noviembre de manera categórica una serie de denuncias anónimas contra el recién nombrado titular de la Central de Actuarios, Roberto Molina, acusaciones que lo tildaban de nepotismo, corrupción en asignaciones de desalojos y acoso laboral que olían a venganza de subalternos resentidos. La magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, quien apenas en septiembre lideró la toma de protesta de 30 nuevas magistraturas en una era de elección popular, emitió un boletín oficial que califica las imputaciones como “infundadas y motivadas por intereses particulares”, subrayando que una auditoría interna –impulsada por la Dirección de Administración y Finanzas– no halló rastro de irregularidades en los procesos de selección ni en la distribución de notificaciones que el nuevo jefe, con 22 años de trayectoria como actuaria y secretaria en salas civiles y familiares, asumió el 1 de octubre. “No permitiremos que rumores o quejas sin sustento empañen la labor de dignificación que impulsamos para los actuarios”, tronó Herrera en una rueda de prensa relámpago, flanqueada por el titular de Comunicación Social, Israel Rivera, quien reveló que las denuncias –filtradas en redes y corrillos judiciales– provenían de un grupo disidente que resiste los cambios operativos para modernizar la central, un bastión que ha sido foco de críticas pasadas por “moches” en desalojos y lentitud crónica en notificaciones.
Este rechazo no surge en el vacío: la Central de Actuarios, esa maquinaria invisible que ejecuta citatorios, embargos y desalojos en un estado donde los litigios civiles sangran por grietas de impunidad, ha sido un polvorín histórico, con quejas desde 2019 de litigantes que denunciaban favoritismos en asignaciones jugosas –donde “hay lana de por medio”, como susurran fuentes anónimas– y pretextos para dilatar desalojos a costa de cuotas ilícitas. Molina, egresado de la propia estructura judicial y con un historial limpio que incluye capacitaciones en perspectiva de género y eficiencia procesal, fue designado en medio de la reforma que inyecta 30 magistradas electas por voto ciudadano, un relevo que ha agitado avisperos internos donde la vieja guardia ve amenazado su feudo. La auditoría, que incluyó revisiones de bitácoras digitales y entrevistas con 50 actuarios, concluyó que las imputaciones eran “calumnias orquestadas” para boicotear el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2030, que promete digitalizar notificaciones y capacitar en derechos humanos para erradicar el acoso que ha salpicado a predecesores. Mientras el TSJ anuncia medidas como un código de ética reforzado y un observatorio ciudadano para transparentar asignaciones, el eco de las denuncias –que circularon en grupos de WhatsApp de litigantes y abogados– se apaga como humo, pero deja un regusto amargo: en Chihuahua, donde el Poder Judicial navega entre reformas y resistencias, el rechazo a estas sombras podría ser el bálsamo para una central que, si no se limpia, seguirá siendo el talón de Aquiles de una justicia que clama por credibilidad.
Pero este desechamiento trasciende los expedientes polvorientos: es un pulso en la transición judicial de Chihuahua, donde la elección popular de magistrados –primera en su historia– choca con inercias de corrupción que han devorado confianza pública, desde “moches” en desalojos hasta nepotismo que nombra a “amigos” en puestos clave. Herrera, con su mandato de nueve años renovable, jura que el caso Molina es “punto de inflexión” para un diagnóstico que dignifique a actuarios –esos oficiosos que enfrentan riesgos en calles y demandas de eficiencia–, prometiendo recursos federales para tecnología que acelere procesos y talleres contra el acoso que, según un informe interno, afecta al 30% del personal. Litigantes, desde despachos en Juárez hasta ranchos en la sierra, observan con escepticismo: ¿será este rechazo un escudo real o un velo para más opacidad? Mientras el TSJ extiende su gira de diálogo –que en octubre reunió a actuarios para mapear retos–, el nuevo titular Molina se erige como prueba de fuego: o limpia la central con mano firme, o las sombras de las denuncias renacerán como hidra. En las venas de un estado donde la justicia cojea por burocracia y balas, este veredicto del TSJ no es victoria pírrica: es el rugido de un Poder que, herido pero alerta, jura no tolerar más cánceres internos, o el voto ciudadano que lo eligió demandará cabezas rodantes en las urnas de 2034.
