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La diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del PT, propuso reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer, entre los requisitos para el ingreso y permanencia de los integrantes de las instituciones policiales, exámenes de control de confianza, médicos, toxicológicos y psicológicos.
La propuesta, que adiciona el artículo 48 Bis y reforma los artículos 77y 87 de dicha Ley, señala que las evaluaciones psicológicas deberán practicarse de manera periódica, con la finalidad de garantizar la estabilidad emocional, la idoneidad y la aptitud del personal para el desempeño de sus funciones.
Enfatiza que dichas pruebas forman parte de los requisitos de permanencia para todo su personal operativo y administrativo, los cuales deberán realizarse al menos una vez cada doce meses, o con mayor frecuencia cuando la naturaleza de las funciones o el resultado de las evaluaciones así lo ameriten para continuar en el servicio activo de las instituciones de seguridad pública.
El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, puntualiza que las evaluaciones y programas tendrán carácter confidencial y preventivo, y deberán integrarse en el expediente profesional de cada elemento, sin perjuicio de los derechos laborales y humanos del evaluado.
Explica que el desgaste psicológico al que están expuestos los cuerpos policiales puede derivar en consecuencias graves: decisiones impulsivas en operativos, uso excesivo de la fuerza, desmotivación, o incluso afectaciones en su entorno familiar.
Enfatiza que, a pesar de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla mecanismos de control de confianza, las evaluaciones psicológicas no se realizan de manera periódica ni con un enfoque preventivo, sino como un requisito inicial o reactivo.
Refiere que según la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (Enecap) de 2017, realizada por el Inegi, el 75.3 por ciento de los policías con funciones operativas había hecho uso de la fuerza en el desempeño de su trabajo.
En tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus homólogas estatales, reportaron en 2022 que ante sus ventanillas se tramitaron 54,248 quejas contra instituciones de seguridad pública, elementos del Ejército o de la Marina por motivo de brutalidad contra civiles.
Por ello, considera que es obligatorio realizar evaluaciones psicológicas periódicas a todos los elementos de las instituciones policiales, para detectar, prevenir y atender a tiempo cualquier afectación emocional o conductual que pudiera poner en riesgo el desempeño profesional o la integridad del propio elemento y de la ciudadanía.
