Un violento atentado sacudió la capital de Pakistán este martes, cuando un atacante suicida detonó explosivos frente a un complejo judicial en Islamabad. El estallido dejó al menos doce muertos y decenas de heridos, causando pánico entre la población.

El agresor intentó ingresar al edificio, pero al ser detenido en un punto de revisión, activó los explosivos que portaba. La explosión fue tan fuerte que se escuchó en varios kilómetros a la redonda, destruyendo autos y ventanas de oficinas cercanas.

Las autoridades paquistaníes responsabilizaron al grupo Jamaat-ul-Ahrar, vinculado a la red talibán local, de estar detrás del ataque. El gobierno declaró “estado de guerra” interna y prometió una respuesta inmediata contra los responsables.

El ministro del Interior aseguró que el atentado podría haber sido planeado desde fuera del país, señalando a grupos armados que operan desde Afganistán e incluso acusando a India de brindar apoyo logístico.

En cuestión de horas, el ejército desplegó refuerzos en Islamabad y Rawalpindi, mientras helicópteros de vigilancia patrullaban el cielo. Los hospitales declararon emergencia y pidieron donadores de sangre para los heridos.

Este ataque ocurre en un momento en que Pakistán intenta controlar la violencia en sus zonas fronterizas, donde grupos insurgentes han aumentado sus ofensivas. En lo que va del año, se han registrado más de 600 ataques de este tipo.

La población vive con miedo. Testigos narraron escenas de terror: “Había cuerpos por todas partes, humo, y gritos. Parecía una zona de guerra”, dijo un abogado que se encontraba en el lugar.

El atentado también afecta las relaciones diplomáticas de Pakistán con sus vecinos, especialmente Afganistán, a quien acusa de albergar a militantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

La comunidad internacional condenó el ataque y expresó apoyo al gobierno paquistaní en su lucha contra el terrorismo. Sin embargo, organizaciones humanitarias piden no usar el atentado como pretexto para restringir derechos civiles.