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Las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales de 1992 impactan directamente el artículo 27 constitucional son urgentes de revisar con cuidado la propuesta antes de su aprobación. Aseguró que la nueva Ley General de Aguas es positiva, pero debe mantenerse el equilibrio entre la administración pública y el derecho al uso del recurso, afirmó el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento Mario Mata Carrasco.
El funcionario explicó que la reforma reglamenta el artículo 4º constitucional, pero modifica el 27, que establece que las aguas pertenecen originariamente a la nación y pueden ser aprovechadas mediante un sistema de concesiones. En ese sentido, consideró que la iniciativa podría alterar el marco legal vigente y generar incertidumbre en el manejo del agua.
Mata Carrasco aclaró que el objetivo no es privatizar el recurso hídrico, sino garantizar certeza jurídica para los sectores que invierten en su aprovechamiento, como los agricultores e industriales. “No es privatización de ninguna manera. Simplemente se reconoce que el inversionista debe tener seguridad sobre sus tierras y su agua mediante una concesión”, puntualizó.
