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La diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, representante del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Chihuahua, con respaldo de la diputada Greycy Durán, diputada federal del mismo partido, presentó una iniciativa con carácter de decreto para garantizar atención psicológica permanente, gratuita y profesional a los agentes de seguridad pública estatales y municipales.
“Nuestros policías también son madres y padres de familia. También sienten miedo, también se cansan, por lo tanto, no podemos permitir que las cargas emocionales que enfrentan desemboquen en tragedias”, expresó la legisladora durante la exposición de motivos.
La propuesta busca adicionar una fracción al artículo 10 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, estableciendo la obligación de implementar programas de atención psicológica preventiva y terapéutica, con protocolos de intervención en crisis, evaluaciones periódicas y mecanismos de confidencialidad que protejan los derechos humanos y laborales de los elementos.
“Esta iniciativa responde a hechos recientes que han evidenciado la urgencia de atender la salud mental en las corporaciones policiacas, como en casos como el suicidio de un agente en Ciudad Juárez y el feminicidio-suicidio ocurrido en la capital del estado durante los festejos patrios, muestran que la problemática es una realidad que ya ha cobrado vidas” mencionó la diputada petista
Además, estudios como el realizado en 2020 por la Agencia Estatal de Investigación revelan que el 13.5% de los agentes ha requerido acompañamiento psicológico tras eventos de alto impacto, y el 71% reconoce que las afectaciones laborales repercuten directamente en sus familias.
“La seguridad pública no puede sostenerse sobre el desgaste silencioso de quienes la ejercen desde le PT, esta reforma busca dignificar a quienes todos los días sostienen con valentía la seguridad de Chihuahua”, afirmó Márquez Nolasco.
La iniciativa contempla un plazo de 180 días para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emita los lineamientos necesarios, y un año para que los municipios armonicen sus reglamentos.
