El diputado local Jorge Soto advirtió que el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas es, en realidad, una medida recaudatoria disfrazada de política de salud pública, que afecta directamente a las familias con menos recursos.

El legislador señaló que en muchas comunidades del país —especialmente en las más alejadas y vulnerables— no existe acceso regular al agua potable, lo que obliga a las personas a consumir refrescos como Coca-Cola o Pepsi, no por gusto, sino por necesidad. “No se trata de un tema de elección, sino de condiciones de desigualdad. En esas zonas el agua escasea o es de mala calidad, y la población termina pagando más por una botella de refresco que por un litro de agua”, subrayó.

Soto destacó que el llamado “impuesto saludable” no tiene un verdadero fin sanitario, sino un propósito meramente recaudatorio. “Si de verdad se tratara de cuidar la salud, el Gobierno invertiría esos recursos en plantas tratadoras, sistemas de agua potable o campañas nutricionales en comunidades marginadas. Pero lo que vemos es que el dinero no se traduce en mejoras para la población”, afirmó.

El legislador panista recordó que, aunque el Gobierno federal anunció un acuerdo con Coca-Cola para reducir el 30% de las calorías en sus bebidas —iniciando con las presentaciones grandes—, la medida fiscal paralela contradice ese discurso, ya que mantiene una carga de hasta 3.08 pesos por litro en bebidas calóricas, y de 1.5 pesos por litro en las versiones light o zero, lo que incluso impactará en el precio al consumidor en las tiendas de barrio.

“Este tipo de medidas son injustas porque castigan el consumo básico de los más pobres. Esto es simple y llanamente un impuesto para cubrir su incompetencia, porque morena tiene un boquete financiero que necesita tapar”.