Estados Unidos confirmó la autorización de operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano como parte de su estrategia contra el narcotráfico y otras actividades ilegales que atribuye al gobierno de Nicolás Maduro. La decisión ha generado reacciones inmediatas en América Latina.

El presidente estadounidense aseguró que dichas operaciones incluyen vigilancia, sabotaje logístico y ataques selectivos contra embarcaciones vinculadas con redes criminales. Se ha reportado la destrucción de varios barcos sospechosos en el Caribe en las últimas semanas.

Además, se ofreció una recompensa millonaria por información que conduzca al arresto de altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el propio presidente Maduro. Las autoridades estadounidenses argumentan que estos operativos buscan frenar el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo.

El gobierno de Venezuela calificó las acciones como una “agresión directa” y aseguró que representan una amenaza clara contra su soberanía. Maduro advirtió que cualquier incursión militar será respondida con fuerza, y ha pedido respaldo de aliados internacionales como Rusia e Irán.

Desde Washington, algunos legisladores han expresado dudas sobre la legalidad de estas medidas. Señalan que operar en territorio extranjero sin aprobación del Congreso podría violar leyes nacionales e internacionales, especialmente si se producen bajas civiles.

Organizaciones de derechos humanos también han mostrado su preocupación por la falta de transparencia en las misiones y por el riesgo de que se cometan abusos sin supervisión judicial. Piden informes claros y control civil sobre las acciones de inteligencia.

Los gobiernos de Brasil, Colombia y México han pedido que se evite una escalada en la región. Aunque también han manifestado preocupación por la situación interna en Venezuela, consideran que una intervención militar sería una medida extrema y peligrosa.

Venezuela ha elevado el tema a foros multilaterales y busca generar una coalición de apoyo contra lo que considera una intervención ilegal. Ha llamado a consultas diplomáticas con varios países aliados y convocado al embajador de Estados Unidos en Caracas.

La situación se mantiene tensa, y hay reportes de movilización militar en puntos clave del territorio venezolano. El gobierno ha reforzado su presencia en la frontera y en puertos estratégicos.

La comunidad internacional sigue atenta, ya que una confrontación abierta entre ambos países tendría consecuencias graves para la región y pondría en riesgo la estabilidad política y económica del continente.