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Las autoridades mexicanas anunciaron hoy la revocación de la licencia de operación del banco CIBanco, tras acusaciones de presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. Se inició el proceso de liquidación para proteger a clientes y evitar más daños al sistema financiero.

Según informaciones oficiales, el banco fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como facilitador de operaciones ilícitas para carteles como el del Golfo, Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las acusaciones apuntan a que habría movido recursos vinculados al tráfico de drogas u opioides.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comunicó que los accionistas solicitaron voluntariamente la revocación, argumentando que mantener la operación representaba un riesgo mayor. La medida busca contener el contagio al resto del sistema bancario.

CIBanco, que operaba desde 2008 como banco formal (antes casa de cambio), reportó una caída notable en sus activos, de casi un 48 % respecto al año anterior. Esto refleja una crisis institucional interna además del escándalo externo.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) intervendrá para cubrir depósitos asegurados hasta cierto monto por persona, aunque los accionistas y altos directivos no estarán protegidos por esas garantías.

La liquidación implica que el banco deberá cesar operaciones nuevas, aunque se permitirá que salden créditos vigentes o que existan operaciones esenciales previas. También se anunciaron ventas de ciertas líneas de negocio como fiduciario o cartera automotriz.

Este caso remarca la alta vulnerabilidad del sistema financiero frente al crimen organizado. No es el primer banco señalado, pero es de los pocos que enfrentan una sanción tan directa y drástica.

La medida puede tener impacto en la confianza del público y en la percepción de riesgo de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Las autoridades tendrán que demostrar que pueden aplicar sanciones severas sin colapso.

Por el lado jurídico, se espera que las investigaciones sigan con demandas, congelamientos de activos y posiblemente imputaciones penales contra responsables. También será necesario coordinar con autoridades de EE. UU., dada la naturaleza internacional del señalamiento.