Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, enfatizó que limitar el acceso al juicio de amparo sería perjudicial para los ciudadanos. “Cualquier intento de acotar los supuestos en donde se puede utilizar el juicio amparo es un contrasentido del espíritu de esta figura”, declaró.

El funcionario explicó que el amparo ha servido históricamente para proteger a la población de posibles excesos de autoridad y para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Señaló que la restricción de esta herramienta afectaría principalmente a quienes respetan la ley y llevan una vida ordenada.

De la Peña Grajeda añadió que el camino adecuado es trabajar en la correcta aplicación de la ley y corregir los abusos puntuales, en lugar de limitar derechos. “Hay que encontrar un perfecto balance, pero no cancelando las posibilidades que nos da a los ciudadanos”, concluyó.