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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado funciones bajo una estructura diferente: se eliminó la división en dos salas y se implementó un nuevo reglamento para tener sesiones más frecuentes y extendidas. Aun así, observadores señalan que muchas dinámicas internas se parecen mucho a las de las administraciones pasadas.
Uno de los temas recientes que ha abordado la Corte es el costo de copias certificadas en municipios, que en algunos casos llega a 113 pesos, lo cual consideran desproporcionado para la población. Se discute si esos precios deben regularse para que sean más accesibles.
Aunque hay gestos hacia mayor inclusión como que al inicio de algunas sesiones se use lengua originaria de comunidades indígenas, se critica que el lenguaje técnico siga siendo difícil para ciudadanos comunes, lo que limita la transparencia real.
El nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ha sido reconocido por su capacidad para dirigir debates y buscar consensos entre los ministros. Sin embargo, aún no hay claridad si se alineará fuertemente con el gobierno de Claudia Sheinbaum o mantendrá autonomía.
Se han planteado propuestas para que la Corte realice sesiones itinerantes en distintas entidades del país, para acercar la justicia a comunidades alejadas. Esta medida busca generar mayor confianza institucional y visibilidad del poder judicial.
Otro punto importante es que pese a la reforma reciente, la Corte ha retomado muchos casos históricos con debate ya visto semanas anteriores, lo que hace que algunos ciudadanos sostengan que los cambios son más de forma que de fondo.
El nuevo reglamento obliga a que se impulsen discusiones más abiertas; pero algunos ministros opinan que esto podría alargar los tiempos de resolución en casos urgentes, lo cual preocupa en materia de justicia administrativa.
Políticamente, este arranque de la nueva composición de la Suprema Corte es observado como prueba de la seriedad de la reforma judicial del sexenio. La ciudadanía espera mejoras reales en acceso, transparencia, y que haya decisiones menos sujetas a influencias políticas.
Finalmente, la Corte tiene la responsabilidad de demostrar que estas transformaciones institucionales se traducen en justicia efectiva para la población, no solo en reformas simbólicas.
