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El diputado local del PAN, Jorge Soto, lanzó una dura crítica contra el partido Morena, cuestionando la transparencia y efectividad de iniciativas impulsadas por el gobierno federal, entre ellas la consulta popular de 2021 para decidir si se debía investigar judicialmente a expresidentes de México.
Durante una reciente entrevista, el legislador calificó dicho ejercicio como una “simulación costosa” que, aseguró, tuvo como único fin generar una narrativa política conveniente para el oficialismo. “Gastaron millones de pesos en una consulta para juzgar a los expresidentes que no les simpatizan”, declaró Soto, al señalar que pese a la aprobación ciudadana, no se ha emprendido ninguna acción judicial concreta, en particular contra el expresidente Felipe Calderón.
“El más malo de los malotes, según ellos, sigue libre. Si en verdad tienen pruebas, ¿por qué no lo han procesado? ¿Por qué no está en la cárcel?”, cuestionó, sugiriendo que el gobierno utiliza estos mecanismos más como herramientas de propaganda que como verdaderos instrumentos de justicia.
Soto también expresó su preocupación por lo que considera una manipulación del sistema judicial. Criticó el proceso de elección dentro del Poder Judicial, señalando el uso de “acordeones” —listas de candidatos afines a Morena— y acusó al oficialismo de montar “otra simulación” para controlar instituciones que deberían ser independientes.
Incluso, ironizó sobre lo que calificó como prácticas esotéricas en el entorno del poder judicial. “Estamos llegando al extremo de introducir el chamanismo y la brujería disfrazada en espacios que deberían ser sagrados para la justicia y los derechos”, comentó.
El legislador panista subrayó la necesidad de fortalecer un Poder Judicial autónomo, capaz de hacer frente al poder político sin dejarse influenciar por intereses partidistas.
Con estas declaraciones, Jorge Soto se suma a las voces que cuestionan la legitimidad de ciertos mecanismos promovidos por el gobierno de Morena, y advierte sobre el riesgo de que estas estrategias debiliten la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
