Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum, al lamentable estilo de su antecesor, realiza declaraciones, recibe a personajes y pronuncia mensajes en franca intervención de asuntos internos de otras naciones.
El Congreso de Perú votó ayer una moción para declarar a la presidenta de México como “persona non grata”. La moción fue aprobada por 12 votos a favor contra 6, en la Comisión de Relaciones Exteriores.
¿Por qué? ¿En qué sustenta sus acusaciones?
Según el texto que se ha dado a conocer, afirman que la presidenta Sheinbaum ha mostrado una actitud hostil en contra de Perú desde que asumió el poder. Afirman que ha hecho declaraciones críticas, negativas y que se ha inmiscuido en asuntos de política interna.
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Y el problema es que tienen razón. Claudia, como Andrés, se adjudica una posición inexplicable para juzgar, señalar o acusar los resultados electorales o las políticas de otros países. Sucedió con Bolivia en tiempos de AMLO, con Perú también, y con enorme desencanto y vergonzosa repetición, ahora con Claudia Sheinbaum.
El tema en concreto tiene que ver con Pedro Castillo, expresidente de Perú acusado de intentar un autogolpe, por lo que fue destituido en 2022. Tanto AMLO como la actual presidenta lo consideran un héroe perseguido político.
Y así, con su amplia experiencia en política latinoamericana —inexistente— y con su extenso conocimiento de movimientos sociales en otros países, se atreven a invadir temas internos, acusar a políticos en funciones y a brindar apoyo o respaldo a otros que resultaron perdedores o investigados por presuntos delitos.
El tono predominante de la diplomacia mexicana hacia América Latina es el ideológico, pero con profundas contradicciones. Todo proceso o elecciones, donde el resultado arroje una derrota a manos de una fuerza política de derecha, es calificado por AMLO o Claudia como espurio, fraudulento, dudoso o pernicio.
Los de izquierda, cualquiera que sea la orientación del partido, siempre tienen el respaldo y reconocimiento de los morenistas, aunque se violen derechos humanos, se atropellen libertades y se expulsen a ciudadanos de esos países. Esos todos son válidos, o, como los ejemplos son francamente deleznables, como en el caso de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua o la de Nicolás Maduro en Venezuela, ahí simplemente se opta por el silencio.
El silencio cómplice, insultante, el silencio criminal de la persecución política a la disidencia, de los encarcelados y censurados.
Ahí no se dice nada, porque todo gobierno de izquierda, aunque sea dictatorial y autoritario, merece el respaldo de Morena. Una lamentable cadena de complicidades traidoras de la democracia.
Eso es Nicaragua bajo Ortega, o Venezuela, o Cuba, por mencionar solo los más cercanos.
Chile y Brasil encabezan gobiernos democráticos, que claramente han marcado su distancia con el retardatario, regresivo, antidemocrático gobierno mexicano.
La izquierda mexicana presume una medalla progresista que perdió hace 7 años.
Aquí se cancelaron los organismos autónomos, se sometió al Poder Judicial desapareciendo su independencia, se tomó el control absoluto de cualquier organismo de representación popular.
Ese es el México de Morena, que empata a la perfección —con preocupantes semejanzas— con otras patéticas expresiones de una izquierda manipulada, desfondada, antidemocrática, y evidentemente autoritaria.
Las similitudes son lastimosas. El disfraz de un régimen progresista que anula derechos, libertades, órganos de defensa de la pluralidad, la transparencia, la justicia.
Por eso el Congreso del Perú vota —por ahora en comisiones— esta declaración sin precedente.
Aquí se rasgarán las vestiduras algunos parroquianos defensores de la injerencia y la intromisión; otros, como la propia presidenta, argumentarán que es un honor recibir tal denuesto por defender a un presunto criminal.
Los extremos de la ideología, pero sobre todo, la incapacidad de establecer principios de Estado y de política exterior.
¿No era este país y la célebre doctrina Estrada el puntal de la no intervención y del derecho de todos los pueblos a decidir su destino?
¿Cuándo Morena decidió que ese derecho solo lo tenían los que se parecían a ellos, o los que votaban como ellos?
Los derechos, en los auténticos regímenes demócratas, son universales y se aplican a todos sin distinción de ideología o preferencia política.
Es una desviación ideológica afirmar —como hacen los morenistas— que la democracia solo es la suya, y los derechos verdaderos son únicamente los que ellos defienden.
El resto está equivocado. Una auténtica distorsión producto del autoritarismo.
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