Por su parte, la administración de Donald Trump aseguró que sus maniobras militares, incluyendo el envío de tres destructores lanzamisiles y alrededor de 4 mil infantes de marina, forman parte de acciones legítimas contra el narcotráfico, sin que se mencione la intención de invadir Venezuela.
Los buques desplegados son el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, equipados con el avanzado sistema de combate Aegis, misiles Tomahawk y capacidades antiaéreas y antisubmarinas.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que están dispuestos a “usar todo su poder” para hacer frente al narcotráfico.
Este despliegue ocurre en paralelo al aumento de la recompensa por la captura de Maduro —que ahora alcanza los 50 millones de dólares— y a la declaración del “Cartel de los Soles” como organización terrorista por parte de EU.
Frente a ello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció en redes sociales un “importante despliegue de drones con misiones variadas” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.
Precisó que habrá patrullas navales en el Lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela, así como buques de mayor tonelaje al norte de las aguas territoriales venezolanas.
Maduro también activó el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que agrupa a civiles —algunos con formación ideológica— y que hoy alcanza unos 4,5 millones de reservistas, aunque expertos cuestionan esa cifra.
En las calles venezolanas, el rumor de una posible invasión estadounidense provoca desde resignación hasta esperanza entre sectores opositores. No obstante, analistas como Phil Gunson, del Crisis Group, estiman que el propósito real de EE. UU. es desestabilizar al régimen y presionarlo a negociar, más que invadir.
A su vez, en Naciones Unidas, Caracas exigió el “cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe” y el canciller Yván Gil pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que se interceda para “restablecer la sensatez”.
