Además indicó que había litigios impulsados por los detenidos con los que buscaban ser trasladados a penales de menor seguridad, lo que afirmó, constituía un riesgo de que extendieran sus actividades criminales o incluso, de fuga.
«Habían litigios y recursos legales para buscar la liberación anticipada, lo que significaría un retroceso», sostuvo.
Además, el funcionario reiteró que la decisión fue soberana y tomada solo por el gobierno de México, como parte de la estrategia contra la extorsión y la impunidad.
«Allá tienen un procedimiento abierto, el beneficio es para las victimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en donde muchas veces desde prisiones siguen operando, ¿cuál es el beneficio?, que ya no lo hagan, que al sacarlos de nuestro país no van a poder seguir operando contra la sociedad mexicana», afirmó.
