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Durante años, se presentó como una figura familiar amable, fotografiado con maquillaje y ternura impostada, incluso cargando bebés. Quienes lo conocían como “La Favela” jamás imaginaron que ese rostro terminaría vinculado al crimen más atroz del año. Hoy, Abraham Alejandro F. D. —padrastro del pequeño Jasiel Giovanny, de 8 años— es señalado como el principal responsable de su brutal asesinato. Lo que inició como una búsqueda desesperada en la colonia Jardines de San Agustín derivó en una escena escalofriante: el cuerpo del niño fue hallado en una bolsa negra, con más de 20 puñaladas y signos evidentes de abuso. Lo más perturbador: el presunto autor no era un desconocido, sino alguien que compartía techo con él.
La indignación ciudadana ha sido feroz y masiva. Mientras el acusado, quien se identifica como hombre pero es biológicamente mujer, fue trasladado al Cereso femenil, la discusión pública ha trascendido su identidad. Para familiares, vecinos y colectivos, lo verdaderamente relevante son los horrores cometidos. El fiscal Jáuregui confirmó que hay pruebas contundentes: lesiones previas, registros de violencia familiar y testimonios que describen un ambiente de control y maltrato. “No importa si es hombre, mujer o marciano”, dijo un familiar del menor. En las redes, no hay perdón ni olvido: piden justicia, cárcel perpetua, y que este caso marque un antes y un después en la protección infantil. Porque Jasiel no murió de golpe: fue víctima de una tragedia que muchos vieron venir… y nadie evitó.
Por cierto, dicen que ya lo esperan con muchas ganas en el cereso de los machines.
Mientras la ley protege los nombres de las funerarias inspeccionadas por Coespris en Ciudad Juárez, la confianza ciudadana se pulveriza como ceniza mal manejada. La autoridad sanitaria ha revisado 9 de las 66 funerarias registradas, pero se niega a divulgar cuáles, escudándose en la Ley de Protección de Datos Personales. Todo esto ocurre después de que se destapara la cloaca: el hallazgo de un crematorio clandestino con más de 50 cuerpos almacenados en condiciones indignas, en la colonia Granjas Polo Gamboa. Pero como ya es costumbre, las autoridades llegan tarde. Y mientras tanto, Coespris se entretiene clausurando tienditas que venden aspirinas sueltas o carnicerías con moscas, mientras los muertos se apilan en locales que presuntamente estaban clausurados, como la Funeraria El Carmen, que sigue operando en plena vía pública.
El espectáculo institucional raya en lo grotesco. La Fiscalía se lava las manos argumentando que no tiene facultades para intervenir sin una petición formal de Coespris, y esta última, por su parte, lanza la responsabilidad como si fuera una urna caliente. Entre trámites, evasivas y declaraciones tibias, el sistema funerario se convierte en un negocio sin vigilancia real, donde los cuerpos pueden desaparecer sin control y las clausuras existen sólo en papel. Que cinco crematorios «funcionen con normalidad» suena a sarcasmo en un contexto donde se descubren depósitos de cadáveres embalsamados sin registro. Y lo peor: el operativo llega cuando el escándalo ya reventó, no antes. Una vez más, las autoridades sanitarias persiguen al ambulante, pero ignoran al monstruo detrás del mostrador. Porque en esta ciudad, al parecer, los muertos no solo no descansan en paz… también son negocio.
En medio del cierre fronterizo de EE.UU. a las exportaciones ganaderas mexicanas por el brote del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), la gobernadora Maru Campos emprendió viaje a Washington D.C. con una misión clara: convencer al gobierno norteamericano de que Chihuahua está haciendo la tarea. Ante Michael Watson, director del Servicio de Salud para Animales y Plantas del USDA, la mandataria presumió una inversión de 20 millones de pesos, la creación de un Grupo Estatal para el Control del GBG, la capacitación de 3,400 ganaderos y revisiones sanitarias en 46 municipios. Pero más allá de cifras y promesas, lo cierto es que esta visita se da cuando la puerta ya está cerrada, lo que sugiere que la reacción, aunque necesaria, llegó después de que el daño estaba hecho.
Eso sí, políticamente, la gira fue una puesta en escena bien calculada. Maru también se sentó con el embajador Esteban Moctezuma para sumar apoyo diplomático y asegurar que el gobierno de Chihuahua “cuida más la sanidad que nadie”, aunque el cierre estadounidense diga otra cosa. En el entourage oficial viajaron figuras clave del sector ganadero y político local: Mauro Parada, Fernando Álvarez Monje, Álvaro Bustillos y hasta el exembajador Arturo Sarukhán, todos empujando la narrativa de una Chihuahua responsable y comprometida. El riesgo sanitario es real, pero también lo es el impacto económico y político. La pregunta no es si se están haciendo cosas, sino por qué se hacen hasta que el vecino cierra la puerta. Porque si de prevención se trata, el verdadero control empieza antes de que la plaga cruce las fronteras… o los mercados se cierren.
