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STILO LIBRE: 2 DE JULIO 2025

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Entró en vigor en Chihuahua una nueva regulación de límites de velocidad, anunciada por César Komaba, subdirector de Movilidad, con el propósito de reforzar la seguridad vial. Esta medida, que ajusta los límites a 20 km/h en zonas escolares y hospitalarias, 30 km/h en calles secundarias, 50 km/h en avenidas urbanas, 80 km/h en avenidas primarias y hasta 110 km/h en carreteras estatales (95 km/h para autobuses), es interesante por su enfoque en la protección ciudadana. Sin embargo, parece responder más a un fin recaudatorio que a una estrategia integral para mejorar la movilidad urbana, ya que la implementación de estas normas llega sin un esfuerzo visible por abordar otras problemáticas urgentes del sistema vial.

Aunque las autoridades promueven esta regulación como un paso hacia una mayor conciencia vial, la falta de atención a infraestructura crítica, como la reparación de semáforos, evidencia una prioridad desbalanceada. Muchos cruces en Chihuahua presentan semáforos averiados, lo que genera caos y pone en riesgo la seguridad de peatones y conductores. En lugar de enfocarse únicamente en imponer multas por exceder los nuevos límites, las autoridades deberían invertir en el mantenimiento y modernización de la señalización vial para garantizar que medidas como esta sean efectivas y no solo un mecanismo para incrementar ingresos a costa de los ciudadanos.


En el discurso oficial de seguridad pública en Chihuahua, se ha buscado construir una narrativa optimista en torno a la reducción de homicidios, señalando que el objetivo era mantener un promedio mensual de 25 asesinatos, según lo expuesto anteriormente por el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas. Sin embargo, la realidad contrasta con las cifras y la percepción ciudadana: lejos de consolidarse esa tendencia a la baja, ahora se apuesta por maquillar los datos. El cambio en el discurso es sutil pero preocupante: ya no se habla de homicidios, sino de “eventos”, una estrategia que diluye la gravedad del problema. Así, si en un solo hecho mueren tres personas, se registra como un solo evento, y no como tres asesinatos, minimizando el impacto estadístico y engañando a la opinión pública.

Más contradictorio aún resulta que, en un acto público reciente, el propio Director reconociera que van 143 asesinatos en la capital, mientras una lámina distribuida por su propia Dirección señala que la cifra asciende a 172. Esta incongruencia entre el discurso y los datos oficiales revela una preocupante manipulación informativa. Mientras tanto, Julio Salas, sin inmutarse, se dijo satisfecho por la supuesta reducción en comparación con el 2024, pese a que los números desmienten su entusiasmo. Una vez más, la seguridad se convierte en una batalla de discursos, más que de resultados, y el ciudadano queda atrapado entre cifras maquilladas y realidades sangrantes.


La diputada Alma Portillo ha alzado la voz con firmeza ante la decisión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral de condicionar el suministro de agua en pipas a quienes estén al corriente en sus pagos. Calificó como “criminal” esta medida, y no es para menos: negar el acceso al agua a familias en situación vulnerable, en medio de una crisis hídrica, plantea un dilema ético y jurídico que trasciende la simple gestión administrativa. Pero ante esta postura, vale preguntarse: ¿qué busca realmente la legisladora?

Desde Movimiento Ciudadano… y anaranjado, Portillo ha insistido en que no se puede intercambiar un derecho humano por una factura pagada. La diputada promueve amparos, exige soluciones estructurales y denuncia lo que considera una “política de terror” por parte de la autoridad local. Sin embargo, en su discurso también hay un componente político que no se puede ignorar, pues su dirigencia de partido y bancada, también se muestra enérgicamente pero con tintes no naranjas, sino blancorojos fascistas. En un escenario donde la gestión del agua se convierte en tema de primer orden, Portillo se posiciona como referente local de oposición, aprovechando el descontento social para recuperar, evidentemente, la capital del mundo.

A la par de sus señalamientos, es justo reconocer que desde la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) se dio una respuesta concreta: el envío de tres pipas con capacidad de 10 mil litros, una unidad Ram 4000 equipada con tanque y una motobomba de 5 mil litros, que se suman al equipo operativo de la JMAS Parral. Con ello, la capacidad aumentó a 10 pipas disponibles, con atención prioritaria al sector poniente de la ciudad. Si bien este respaldo no resuelve de fondo el problema estructural, representa un paso necesario para atender la emergencia. Solo esperemos que siga lloviendo y que, al interior del estado sí se acepte compartir el agua entre las regiones, no como en años anteriores que los berrinches políticos y empresariales se pusieron por encima de nuestros compatriotas norteños.


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