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Con 349 votos a favor, 132 en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una controvertida reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que permitirá a sus elementos postularse a cargos de elección popular y formaliza su integración al Ejército mexicano. La medida ha encendido el debate en torno a una posible militarización de la vida pública.
La reforma establece que quienes deseen contender por una diputación federal deberán separarse del cargo con al menos 90 días de anticipación, y en el caso de aspirar a la Presidencia de la República, deberán hacerlo seis meses antes de la elección.
Desde su creación en 2019 como una corporación civil de seguridad, la Guardia Nacional ha sido criticada por su creciente control militar.
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados complementa el cambio constitucional del 30 de septiembre de 2024, que transfirió su mando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Críticas de la oposición
Legisladores de Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo a la reforma, denunciando la premura en su discusión.
Pablo Vázquez Ahued lamentó que no se haya realizado un parlamento abierto para analizar el conjunto de reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Laura Ballesteros, también de Movimiento Ciudadano, advirtió desde tribuna que esta legislación “abre la puerta a una militarización de los tres niveles de gobierno” y representa “el fin del Estado civil mexicano”.
Lo que sigue
El proyecto se turnó al Senado para su revisión. Además, en los próximos días se prevé la votación de otras dos iniciativas clave del nuevo paquete de seguridad: la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituiría la legislación vigente desde 2009, y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
Enfoque en seguridad
Analistas como José Oliva Posada y Gerardo Rodríguez coinciden en que la reforma representa un viraje respecto a sexenios anteriores.
Rodríguez señala que el modelo se asemeja a sistemas de países como Italia y Colombia, donde la policía nacional tiene formación militar y de derechos humanos.
Desde Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, aseguró que las nuevas normas buscan fortalecer la capacidad de investigación sin vulnerar la privacidad de la ciudadanía.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró su intención de mejorar la coordinación entre fiscalías y cuerpos de seguridad para reducir la impunidad.
“No queremos que cada quien investigue por su lado. Lo que queremos es que se coordinen para coadyuvar con el Ministerio Público”, afirmó.
La discusión ahora pasa al Senado, donde se definirá el destino final de esta reforma que ha abierto un nuevo capítulo en la política de seguridad nacional.
