Una denuncia penal por abuso sexual contra un hombre homosexual, interpuesta en diciembre de 2018 por el diputado panista Saúl Mireles Corral, derivada de gestos cariñosos hacia su sobrino, ha sido desestimada por el Ministerio Público, y ahora enfrenta un proceso civil por daño moral.

El señalado, Mario René E. B., excuñado del legislador, fue acusado de «besos chistosos» a un niño de cinco años, argumento que el diputado amparó en prejuicios por su orientación: “el imputado es homosexual… grado de perversidad… alto grado de peligro”.

Tras la denuncia, el MP concluyó en 2019 que no existía delito que perseguir, luego de entrevistas psicológicas y dictámenes periciales con el menor. Aún así, Mario René padeció graves secuelas: depresión profunda, hipertensión con crisis hasta de 210/160 mmHg, rosácea y ansiedad, e incluso intentó suicidarse.

Debido al fuero legislativo del diputado, la vía penal no fue opción para reclamar responsable. Por ello, acudiendo a la vía civil, con apoyo del Comité de la Diversidad Sexual presidido por Karla Arvizo Lozano, interpondrá en julio una demanda por daño moral, en la que solicita una disculpa pública, tratamiento psicológico integral y compensación económica.

El caso refleja cómo la orientación sexual puede ser usada como fundamento de acusaciones infundadas, y cómo este tipo de señalamientos afectan no solo la integridad de las víctimas, sino su salud física, mental y la estabilidad económica y profesional.

Contexto y reacción

Defensores de derechos humanos argumentan que este caso evidencia los retos que enfrentan personas LGBTIQ+ frente a estereotipos homofóbicos en instancias judiciales. A pesar de la absolución penal, el estigma social persiste, y la vía civil puede ser la única ruta para ejercer justicia y reparación.

Para Mario René, enfrentar al legislador es enfrentar la estructural discriminación: “una denuncia construida sobre estigmas” que marcó su vida.

• Visibiliza cómo la homofobia puede infiltrarse en procesos legales, usándose para deslegitimar y criminalizar a ciudadanos por su orientación.
• Subraya la limitada protección penal ante figuras públicas con fuero, y cómo ese amparo legal puede impedir el acceso a justicia.
• Insta a reflexionar sobre la necesidad de medidas legales más efectivas frente a acusaciones con sesgo discriminatorio.

Este proceso civil, programado para julio de 2025, será un caso clave para los derechos de las personas que son estigmatizadas por aspectos personales.