“La PLCAA la prohíbe”, sentenció la Corte.

México había interpuesto la demanda en 2021, solicitando 10 mil millones de dólares por los daños causados por las armas traficadas ilegalmente, que estiman alcanzan entre 200 mil y 500 mil unidades al año desde Estados Unidos. Casi la mitad de las armas encontradas en escenas del crimen en México provienen de ese país, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La PLCAA, aprobada en 2005 con apoyo bipartidista, protege a la industria armamentista de demandas civiles por mal uso delictivo de sus productos, salvo bajo ciertas excepciones, como la llamada excepción predicada. México sostenía que esta aplicaba porque las compañías conocían la ilegalidad de sus operaciones al vender a testaferros.

En 2022, un tribunal federal en Massachusetts desestimó la demanda. Pero en 2024, una corte de apelaciones revirtió esa decisión, argumentando que existía base legal para litigar bajo la excepción predicada. El caso regresó a la Corte Suprema, que finalmente se alineó con la primera decisión: no hubo suficientes fundamentos para aplicar la excepción, por lo que el proceso queda cerrado para seis de las ocho empresas demandadas.

Las únicas compañías que siguen en el litigio son Smith & Wesson e Interstate Arms, aunque este fallo representa una victoria contundente para la industria de armas y limita el alcance de demandas similares en el futuro.